Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Ricardo Sibrián
En un pacto oscuro, los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa aprobaron en la madrugada de este martes 5 de mayo una ley regulatoria de la cuarentena que es violatoria de derechos constitucionales, y otra ley que autoriza al gobierno del presidente Bukele adquirir mil millones de dólares más en carácter de deuda para el país.
Este irresponsable madrugón de las derechas enquistada en el órgano Legislativo y el órgano Ejecutivo, no es más que un disfrazado Estado de Sitio y una sucia maniobra para favorecer al gran capital con mil millones de dólares a su servicio, sin transparencia ni mecanismos de control.
Con este pacto oscuro tomado a espaldas del pueblo, el presidente Bukele pretende seguir manejando la emergencia a base de miedo, amenaza y abuso de poder, y al mismo tiempo, cargar el peso de la crisis en los hombros de los sectores populares, quienes finalmente tendrán que pagar la millonaria deuda. Se trata de un castigo más para los pobres, en beneficio de los grandes ricos y oportunistas del gobierno y de las cúpulas empresariales.
Las diputadas y diputados del FMLN votaron en contra de estos decretos legislativos, por considerarlos contrarios a los intereses populares, violatorios de derechos y nocivos para la recuperación productiva del país.
No tiene ninguna justificación dar mil millones de dólares más a Bukele, cuando ya tiene aprobados dos mil millones, de los cuales, ni siquiera han sido capaces de conseguir un solo centavo, como lo admitiera el ministro de Hacienda, ni tampoco rendir informe de los gastos orientados a atender la emergencia.
Los mil millones los quiere Bukele para sacar provecho político en las elecciones del próximo año; pero ese dinero lo pagará el pueblo con nuevos impuestos.
Para salir adelante de esta emergencia nacional es necesario priorizar en la salud y la vida de las personas más necesitadas y más vulneradas, sin atropello a los derechos humanos, ni a la libertad de prensa y libertad de expresión, ni a la democracia y sus instituciones.
