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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“El niño se fue (detenido) hasta con el uniforme de la escuela, los agentes le dijeron que el niño iba a regresar, que solo le iban a hacer unas preguntas; se lo llevaron y no regresó”, relata Elsi Fuentes, una de las madres que sufrió la detención de su hijo, Carlos Fuentes, en la colonia Cruzadilla de San Juan, Jiquilisco, Usulután. Junto a Carlos se llevaron detenidos a otros 10 preadolescentes, para acusarlos de agrupaciones ilícitas; sin embargo, sus familiares desmienten que pertenezcan a pandillas.
Es de contextualizar que el jueves 11 de abril de este año, agentes policiales capturaron de forma arbitraria a 11 estudiantes preadolescentes de la colonia Nueva Cruzadilla de San Juan, municipio de Jiquilisco, Usulután. Las autoridades los catalogaron como miembros de estructuras criminales. Sin embargo, las familias desmintieron las acusaciones.
“Mi niño no estudia en esa colonia, pero de la escuela donde él estudia me lo despacharon a las 10:00 de la mañana, el maestro en el grupo de padres y madres mandó a decir que estuviéramos pendientes que los niños ya iban, entonces estuvimos pendientes de la hora en que él iba a llegar a la casa”, comentó Fuentes.
“A las 10:30 llegó una patrulla a la casa, llevaban un niño y se acercaron los policías a la casa y nos preguntaron quienes vivían en la vivienda; mi mamá le dijo que ella, el niño y yo. El policía dijo que saliera el niño, cuando el niño se acercó donde nosotros estábamos, el policía le dijo que el otro niño le quería preguntar algo”, puntualizó Fuentes sobre la detención de su hijo.
Las familias, a través de un comunicado conjunto, informaron que la mañana de ese jueves en un centro educativo de la colonia, aparecieron grafitis alusivos a pandillas pintados en las paredes y en la casa comunal.
Como un día normal, los jóvenes se presentaron a clases, pero al llegar a la escuela los maestros les enviaron a sus casas argumentando que ese día no habría clase. Por lo que, los estudiantes se regresaron a sus viviendas. Más tarde en esa mañana, varios adolescentes fueron sacados de su vivienda por agentes de la Policía Nacional Civil bajo el argumento que solo era para hacerles unas preguntas; es así como los subieron a la patrulla y nunca más regresaron.
La policía les acusa de ser ellos quienes pintaron los grafitis y les imputa el delito de agrupaciones ilícitas y daños a la comunidad. El 25 de abril se les realizó la audiencia inicial y el viernes 3 de mayo les fue realizada la toma de plantares de los pies y una revisión corporal para verificar si portan en su cuerpo marcas o tatuajes.
“Nos hemos llenado de valor porque estamos desesperados y desesperadas, hemos comenzado a desconfiar de este proceso ya que los días pasan y no hemos tenido respuesta. Hoy queremos desmentir los hechos y que la población escuche también nuestra versión de los hechos”, comentaron los familiares frente a los medios de comunicación que notaban la preocupación de las madres.
Los familiares están seguros de que sus hijos no han cometido ningún delito y que han sido utilizados como “chivo expiatorio” en el relanzamiento de una política de control y amedrentamiento a estudiantes “alumnos rebeldes, antisociales” que presentan algún tipo de problemas en la conducta por diversas razones en los centros educativos, donde a través de una ficha se le va perfilando.
Tres días antes, el martes 9 de abril, agentes policiales llegaron a dar una charla a la escuela para instruir a los niños, la forma de comportarse y de vestirse. “Ese día nuestros hijos llegaron atemorizados a nuestras casas, nos contaron que anotaron sus nombres y les hicieron firmar a los mayores de 12 años en adelante”, dice el pronunciamiento.
En la audiencia inicial celebrada el 25 de abril se constató que un testigo criteriado al manejo de fiscalía, miente, ya que según el reporte leído por el fiscal revela que los adolescentes pintaron los grafitis después de una función de un circo. Sin embargo, los padres informaron que dicho circo aún no estaba instalado en la colonia y tampoco dio función esa noche (la del miércoles 10 de abril).
Informaron que no todos los niños detenidos estudian en dicha escuela ni vivían ahí; algunos de ellos fueron capturados en otros lugares, que fueron llevados hasta donde estaban los grafitis, los hincaron frente a ellos y les tomaron fotografías para vincularlos con el hecho.
“Como padres desmentimos categóricamente estas acusaciones, ya que, en la audiencia antes mencionada del 25 de abril, no presentaron pruebas que demuestren quienes realmente fueron los que pintaron dichos grafitis”, comentaron los padres.
En esa audiencia, los jóvenes fueron trasladados encadenados de pies y manos, y el sábado 4 de mayo fueron trasladados al penal de Ilobasco “como si fueran grandes criminales sin habérseles comprobado ningún delito”, lamentaron los padres en conferencia de prensa.
Desde ese día se ha militarizado la colonia y hoy, los habitantes viven atemorizados; por ello, les pidieron a las autoridades que no siga violentando los derechos de los niños y de la Ley de Crecer con Cariño, también, a las instituciones que velan por la niñez y la adolescencia, a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que acompañen en este proceso.
