Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Este jueves, familiares de once niños detenidos bajo el régimen de excepción en la colonia Nueva Cruzadilla, de San Juan, Jiquilisco, Usulután, desmintieron a las autoridades policiales y fiscales sobre las acusaciones de agrupaciones ilícitas que le hacen. Los familiares dicen que los jóvenes no forman parte de las estructuras criminales.
El jueves 11 de abril de este año, agentes policiales capturaron de forma arbitraria a 11 estudiantes adolescentes de la colonia Nueva Cruzadilla de San Juan, municipio de Jiquilisco, Usulután. Las autoridades los catalogaron como miembros de estructuras criminales tras acusárseles de pintar unos grafitis alusivos a pandillas.
Las autoridades les imputan el delito de agrupaciones ilícitas y daños a la comunidad. Los familiares aseguran que sus hijos no han cometido ningún delito y que han sido utilizados como “chivo expiatorio».
Como un día normal, los jóvenes se presentaron a clases, pero al llegar a la escuela los maestros les enviaron a sus casas argumentando que ese día no habría clase. Por lo que, los estudiantes se regresaron a sus viviendas. Más tarde en esa mañana, varios adolescentes fueron sacados de su vivienda por agentes de la Policía Nacional Civil, bajo el argumento que solo era para hacerles unas preguntas; es así como los subieron a la patrulla y nunca más regresaron.
“Nos hemos llenado de valor porque estamos desesperados y desesperadas, hemos comenzado a desconfiar de este proceso, ya que los días pasan y no hemos tenido respuesta. Hoy queremos desmentir los hechos, y que la población escuche también nuestra versión de los hechos”, comentaron los familiares frente a los medios de comunicación que notaban la preocupación de las madres.
Los familiares están seguros de que sus hijos no han cometido ningún delito y que han sido utilizados como “chivo expiatorio” en el relanzamiento de una política de control y amedrentamiento a estudiantes «alumnos rebeldes, antisociales» que presentan algún tipo de problemas en la conducta por diversas razones en los centros educativos, donde a través de una ficha se le va perfilando.
Tres días antes, el martes 9 de abril, agentes policiales llegaron a dar una charla a la escuela para instruir a los niños, la forma de comportarse y de vestirse. “Ese día nuestros hijos llegaron atemorizados a nuestras casas, nos contaron que anotaron sus nombres y les hicieron firmar a los mayores de 12 años en adelante”, dice el pronunciamiento.
En la audiencia inicial celebrada el 25 de abril se constató que un testigo criteriado al manejo de fiscalía, miente, ya que según el reporte leído por el fiscal revela que los adolescentes pintaron los grafitis después de una función de un circo. Sin embargo, los padres informaron que dicho circo aún no estaba instalado en la colonia y tampoco dio función esa noche (la del miércoles 10 de abril).
“Como padres desmentimos categóricamente estas acusaciones, ya que, en la audiencia antes mencionada del 25 de abril, no presentaron pruebas que demuestren quienes realmente fueron los que pintaron dichos grafitis”, comentaron los padres.
En esa audiencia, los jóvenes fueron trasladados encadenados de pies y manos, y el sábado 4 de mayo fueron trasladados al penal de Ilobasco “como si fueran grandes criminales, sin habérseles comprobado ningún delito”, lamentaron los padres en conferencia de prensa.
Los padres pidieron a las autoridades que no siga violentando los derechos de los niños y de la Ley de Crecer con Cariño, también, a las instituciones que velan por la niñez y la adolescencia, a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que acompañen en este proceso.