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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El lunes 19 de septiembre el Ministro de Hacienda, Licenciado Carlos Cáceres se presentó ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para ampliar explicaciones en relación a la solicitud de emitir hasta 70.5 millones de dólares para complementar el pago de obligaciones previsionales para el presente año. El Ministro explicó que más de 28 millones se requieren para el cambio de tasa de interés que el Estado paga a los certificados CIP, lo que deriva de cumplir la Ley de Obligaciones Previsionales emitida en el año 2006 y una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó aumentar la tasa de interés establecida en la ley; la otra parte, es obvio, se requiere para el pago de pensiones. El gobierno esperaba que en el presente año, si se reformaba la ley de pensiones, habría nueva fuente para el pago de las mismas, lo que hasta el momento no ocurrió.
Una vez más he de referirme a uno de los problemas más acuciantes de nuestra realidad fiscal, y de las mayores irresponsabilidades para con los trabajadores y la población en general, que se desprende de decisiones privatizadoras en las que privó el interés de unos pocos y no el de la generalidad.
Vuelvo a repetir que en 1996 cuando se emite la Ley del Sistema de Pensiones, el Estado entregó a entidades privadas la facultad de recolectar las cotizaciones que por obligación, deben pagar el trabajador y trabajadora y los empleadores. Esto significa que el Estado no percibe ningún centavo, pero al mismo tiempo se obligó a pagar las pensiones mínimas, los certificados de traspaso que no eran más que papeles en los que supuestamente consta lo que un trabajador cotizó en los sistemas antiguos, fueran el Seguro Social para los trabajadores del sector privado, en el INPEP para los trabajadores del sector público y para los maestros y maestras que tenían un régimen de cotización diferente.
En la primera aprobación de esa ley privatizadora, se obligaba al gobierno a colocar aportes a esa deuda en cada presupuesto de los primeros años, cosa que nunca ocurrió, es decir que los gobiernos de Calderón Sol y Flores incumplieron esta obligación, aduciendo que las finanzas en esos momentos carecían de condiciones, esto significa dejar para que se pague después todo.
Se obligó a los trabajadores a cotizar en el sistema privado si eran nuevos o jóvenes y a los mayores de 36 años se les dio opción de pasar al privado, se encareció la cotización de lo público para estimular la migración al privado y todo esto porque las entidades privadas que en un primer momento llegaron a ser cuatro entidades, cobraban una comisión por cada cuota recibida. Ya hemos visto que sumadas esas cotizaciones representan el 20% de lo cotizado por cada trabajador, hasta que el en 2010 se modificó, aumentando el ahorro y disminuyendo un medio punto esa cuota, (hoy 17%).
Para que los privados paguen las pensiones, el Estado debe darles el dinero. Primero lo hizo consumiendo las reservas técnicas, con más de 300 millones de dólares, en 2001 ya se habían terminado y se acudió a emitir bonos por un total de 1,200 millones de dólares que sirvieron para pagar pensiones entre 2002 y 2005. Cuando ya no habían fondo de eurobonos, se creó el fideicomiso de pensiones, FOP, para pagar las pensiones con deuda, tomada obligatoriamente de los mismos fondos de pensiones. Detengámonos aquí para hacer una pregunta: ¿En qué año, los gobiernos de Arena pagaron pensiones con dinero del fondo general de la nación? Siempre lo hicieron con deuda. Pero hoy que se pide emitir deuda, mientras no se reforma el sistema y el Estado tiene una fuente para pagarlas, exigen que se pague con fondos ordinarios del presupuesto.
Como bola de nieve creció la deuda, por esos manejos y por los privilegios entregados por Flores y Saca para quedar bien con los trabajadores de más altos salarios, y para igualar los beneficios de cotizantes del sector privado, que había cotizado 1.5% frente a los del Estado que habían cotizado 6% en promedio, eso representa un crecimiento que se llama “subsidio” y que se invierte regresivamente dando más dinero a los pensionados de los estratos más altos.
Es obligado resolver este problema, en el que se engaña a la gente afirmando que el Estado puede quitarle fondos, cuando es todo lo contrario, la generalidad asume pago de capital, intereses, pensiones mínimas, mientras los privados reciben las cotizaciones y las ganancias. La derecha arenera está obligada a contribuir a resolver esta pesada deuda, este engaño, antes que el sistema creado por ellos, castigue a todos los jubilados impidiendo recibir su pensión.
