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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El Gobierno salvadoreño no comparte la petición de la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Agnes Callamard de suspender las medidas extraordinarias que se implementan en seis centros penales del país, manifestó ayer el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial Eugenio Chicas.
“(Se deben) sostener las medidas extraordinarias, como lo hemos venido haciendo por un año más para una parte de los privados de libertad, por lo tanto, diferimos con la relatora en el enfoque del rol, de la necesidad de las medidas extraordinarias porque la responsabilidad de este Gobierno es salvaguardar los intereses, las garantías de la vida y vienes materiales de la población trabajadora”, dijo Chicas, en entrevista con canal 10. Las medidas extraordinarias se comenzaron a implementar en abril de 2016 en seis centros penitenciarios del país, con el objetivo de restringir la capacidad de acción a reos altamente peligrosos pertenecientes a pandillas, quienes, según funcionarios de seguridad, habían estado utilizando esos reclusorios como bases de operaciones para coordinar acciones delictivas como extorsiones o asesinatos, llevadas a cabo por pandilleros que están en las calles.
“Respetamos esas opiniones, pero para nosotros la presión más relevante y más importante es el clamor de la población por garantizar, por mejorar las condiciones de seguridad en el país, sobre todo cuando hemos podido demostrar, según datos de Naciones Unidas, que en el país se viene reduciendo con este tipo de medidas la criminalidad”, manifestó Chicas.
Los mismos datos de Naciones Unidas, dijo el funcionario, reflejan que en el año 2015 El Salvador registró una tasa de 104 asesinatos por cada 100,000 habitantes, y esa cifra se pudo disminuir en un 20% para 2016 cuando la tasa de homicidios bajó hasta 81 crímenes por cada 100,000 personas y bajó aún más en 2017 en que la tasa se colocó en 60 muertes violentas por cada 100,000 ciudadanos.
“Todavía es una cifra grave, todavía sabemos que la seguridad pública es el tema cotidiano de mayor relevancia para las familias salvadoreñas, por lo tanto, nosotros creemos que es necesario, por un año más, sostener estas medidas para garantizar que siga disminuyendo el tema de la criminalidad”, señaló.
Chicas dijo que las observaciones de la comunidad internacional sobre el hacinamiento carcelario se van a abordar mejorando las condiciones de la infraestructura carcelaria, penitenciaria. “Se ha ampliado esa infraestructura, estamos reduciendo el hacinamiento, se están desarrollando programas que tienen enorme efectividad, como Yo Cambio, que se ha convertido en una insignia, y la comunidad internacional lo ha reconocido”, manifestó.
El vocero presidencial recordó que todas las acciones en seguridad pública, incluidas las medidas extraordinarias, están revestidas de toda la legalidad que otorga el Estado a través de la Asamblea Legislativa, pero también son resultado del consenso de toda la sociedad que ha participado en la creación del Plan El Salvador Seguro elaborado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia.
Ese plan, dijo Chicas, no solo incluye represión del delito sino también políticas de prevención de la violencia y de reinserción de los ciudadanos que se han apartado de la ley. “Tenemos políticas (de reinserción) efectivas que se están ejecutando en el país y vamos a profundizar ese tipo de programas, además de ampliar la infraestructura penitenciaria, hemos incrementado los programas educativos, incluso el programa de la universidad en línea ya es una opción para los privados de libertad, para poderse formar”, afirmó.
