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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Es una gran noticia la de contar con un Presupuesto Extraordinario para las elecciones Legislativas y Municipales del 4 de marzo de 2018. A finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó al Ministerio de Hacienda la solicitud de recursos, cercanos a los 40 millones de dólares.
Antes de eso, en el Acuerdo sobre la sostenibilidad fiscal, firmado por el gobierno y los partidos FMLN y Arena, se había establecido como punto de continuidad del diálogo, la búsqueda de una fuente de financiamiento para varios temas, y el último de ellos era el de las elecciones.
La expectativa de aquel acuerdo, del cual Arena reniega y se negó a continuar dialogando, era encontrar esa fuente en la autorización para emitir bonos; esto dependería de una votación calificada para la cual, la derecha arenera ha cerrado toda posibilidad. Ahora que se presentó por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, a través del Ministerio de Hacienda; ese presupuesto está soportado en los ingresos corrientes; en el mismo se asume el financiamiento de 25 millones ochocientos mil dólares ($25,800,000.00), de los cuales, cerca de 14 millones deben desembolsarse en lo que resta del año.
Esto representa un enorme sacrificio de las finanzas del Estado en el aseguramiento de la democracia, en el aseguramiento del desarrollo ordenado de elecciones libres, para contar con los 262 Concejos Municipales y los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, con sus respectivos suplentes, a partir del 1 de mayo de 2018.
Curiosamente quienes piden austeridad y recortes, piden un presupuesto mayor al aprobado, lo cual es una forma de mantener, con anticipación, un cuestionamiento al proceso; pese a ello, las evidencias presentadas por el Ministro de Hacienda como comparación de los gastos realizados en las elecciones de 2015 y las actuales fueron convincente, y por eso este presupuesto extraordinario contó con unanimidad de votos de los presentes, es decir, con apoyo de todas las fracciones legislativas.
Y es que a la fecha de su elaboración, el Ministerio de Hacienda, responsable de las finanzas y del análisis minucioso de todo presupuesto, debe haber tenido en cuenta tanto lo ejecutado en 2015, como los impactos de las reformas aprobadas entre un proceso y otro, porque al menos 9 decretos emitidos que reforman unos 30 artículos del Código Electoral impactan de diferente manera la necesidad de recursos. Es así como la mayor parte de esas reformas no tienen impacto en el presupuesto, otras lo tienen para reducir costos, y muy pocas requieren de mayores recursos.
Uno de los eventos que sin reforma impacta en la disminución, es el hecho de que en 2015 se eligió a la representación salvadoreña en el Parlamento Centroamericano, lo que obligó por primera vez, a una papeleta adicional a la de los Concejos Municipales y Diputados a la Asamblea Legislativa. Es por ello que en esas elecciones se gastaron $23,202,656.
Entre los elementos legales que implican algún aumento están el tiempo mayor de servicio de las Juntas Electorales Departamentales y Municipales (JED) (JEM); y la capacitación de las Juntas Receptoras de Voto (JRV). Pero en la remuneración de las últimas se registra una reducción debido a que en 2018, las JRV atenderán un máximo de 600 electores y antes eran 500, con lo cual el número de JRV se reduce aproximadamente en un 10%.
Esa reducción, a su vez obliga a una cantidad menor de materiales como anaqueles y papelería. En el proceso electoral anterior, el TSE devolvió más de 2 millones de dólares; por lo que considerando esa circunstancia, el presupuesto aprobado es superior en 4 millones de dólares al que fue necesario en 2015.
La planificación de las actividades está basada en el cumplimiento de la ley electoral y la ley de partidos políticos; ninguna razón justifica cambiar el Plan de Elecciones como se asegura en un comunicado del TSE, lo que debe ajustarse es la cifra presupuestaria para realizar cada actividad y aprovechar la ventaja de una legislación más estable que la que en 2015 obligó a contar con quince días de antelación a las elecciones, los manuales de capacitación de las JRV, para considerar nuevos procedimientos sobre el voto fraccionado.
Otra consideración importante es la seguridad de un presupuesto, en las de 2014, el tiempo fue menor respecto a las actividades a realizar porque la fuente de aquel presupuesto requería de voto calificado, pues su origen fueron dineros de la colocación de bonos, y no como hoy, que está sustentado en los ingresos tributarios del país.
Los organismos electorales temporales, las papeletas ubicadas con todo el paquete en cada centro de votación y el compromiso de partidos y de la ciudadanía son lo fundamental de un proceso eleccionario, una vez las candidaturas fueron inscritas; y todo esto está debidamente asegurado en el presupuesto aprobado.
