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@JoakinSalazar
“Son grupos terroristas, ailment las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, doctor y cualquier otra pandilla u organización criminal”, con estas palabras, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinaron que las principales pandillas salvadoreñas sean llamadas como “grupos terroristas” al considerar que atentan contra la vida y los derechos de la población.
En su resolución, la Sala declaró que las pandillas denominadas Mara Salvatrucha (MS13) y Pandilla 18 sean consideradas, desde ahora, como “grupos terroristas”, tras resolver cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT).
“En consecuencia, jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico) o de otra índole”, explica la resolución.
Los magistrados consideraron que es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias.
Y es que diversos sectores consideran que la forma de actuar de los grupos criminales ha evolucionado a grado de atentar contra la vida de los salvadoreños y el bienestar social.
La Sala señaló que el artículo uno de la LECAT, que define lo que debe entenderse por “terrorismo”, no es inconstitucional, ya que este puede ser interpretado conforme al marco de valores y principios contemplados en la Constitución y el Derecho Internacional, según los cuales el terrorismo constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, que mediante afectaciones concretas de bienes jurídicos individuales o colectivos, busca intimidar de forma general a la población.
Además, los grupos delincuenciales han realizado acciones como afectar el sistema económico de una nación, el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República.
También, los magistrados consideran que dentro de los ilícitos cometidos por los grupos terroristas están: la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas, vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, en contra del derecho a la educación y el derecho al libre tránsito.
En una misma sentencia, la Sala resolvió cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la LECAT, en ella se rechazaron veintitrés planteamientos declarando que no son inconstitucionales y además se declararon contrarias a la Constitución, cuatro disposiciones establecidas en dicha ley.
Por otro lado, la Sala declaró que no existe la inconstitucionalidad alegada en realizar intervenciones telefónicas, la práctica de declaraciones de víctimas, testigos e imputados mediante el uso de medios electrónicos, cuando se congelan fondos de terceros que resulten implicados con los grupos terroristas; y cuando se regula como delito la ocupación armada de ciudades, poblados, edificios o instalaciones públicas o privadas.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a más de 200 pandilleros vinculados al sabotaje al transporte público, ocurrido en julio, como terroristas, término que fue aceptado por parte del juzgado que ventila el caso.
Asimismo, organismos de Estados Unidos han declarado como terroristas a las pandillas salvadoreñas, las cuales son consideradas indeseables en su país.
Resolución agilizara labores
El Fiscal General de la República Luis Martínez reaccionó ante la resolución de la Sala de lo Constitucional en la que declara como grupos terroristas a las pandillas salvadoreños.
El Fiscal explicó que esta medida viene a abonar el trabajo que realiza la institución que dirige y la Policía Nacional Civil, aludiendo que no deben de haber políticas de apaciguamiento ni términos medios para el tratamiento de los grupos terroristas.
“Estamos convencidos en ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado, esta en juego el bien del país, y la tranquilidad de todos los salvadoreños, es cuando más debemos de combatir el terrorismo”, comentó Martínez sobre la resolución.
Martínez no detalló que tipo de trabajo será retomado ahora con los grupos terroristas, sin embargo explicó que si es un trabajo en conjunto del órgano judicial con la FGR.
