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Redacción Nacionales
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Tres pandilleros que asesinaron a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron sentenciados a penas de prisión de 78 y 66 años de cárcel. En 2020, los terroristas lanzaron granadas a un carro patrulla que transitaba en San Juan Opico (La Libertad), dejando como resultado un agente fallecido.
Los hechos sucedieron el 23 de octubre de 2020 cuando los ahora condenados atacaron con armas de diverso calibre, y una granada de mano a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) en el Cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad.
Por el hecho, el Ministerio Público los acusó de homicidio agravado en perjurio del cabo de la PNC, Mario Mancía, también por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de otra víctimam y por el delito de tenencia, portación o conducción de armas de guerra; actos de terrorismo y daños. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla (La Libertad) condenó a Jonathan Guevara Hernández y Mauricio Sánchez Meza a 50 años de cárcel por el homicidio de Mancía; 25 años por el homicidio tentado de -otra víctima- y 3 años por daños, en total la condena para cada uno fue de 78 años. Mientras que, para Walter Antonio Ramírez, acusado del delito de actos de terrorismo, el tribunal dictó 60 años de cárcel, más 6 años por tenencia, portación o conducción de armas de guerra, totalizando 66 años de condena.
Mujer es enviada a prisión por estafa
Ligia Steffany, de 33 años de edad, fue enviada a prisión, ya que según el ente fiscal en 2021 comenzó a publicar en una página de la red social de Facebook de residentes de la urbanización Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, sobre rifas y “cuchubales” (dinero que se reúne entre varias personas para, posteriormente, rifarlo entre todos).
Varias personas le escribieron para participar. Así fue como cuatro mujeres le entregaron dinero a la procesada, pero al ver que nunca recibían el dinero que habían ganado decidieron denunciarla. El total de lo estafado a las cuatro víctimas asciende a 3 mil 325 dólares.
La acusada enfrentó audiencia inicial en el Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, donde tras analizar las pruebas indiciarias presentadas por Fiscalía, entre ellas el resultado de un allanamiento a la vivienda de la imputada, se determinó que el caso pase a la etapa de instrucción con la detención provisional de la acusada.
