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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Cuando han finalizado las audiencias y ha quedado demostrado que no existen razones para sostener que cometieron los delitos de que se les acusan, lo que procede es su libertad inmediata.
Se trata de los ex funcionarios del ministerio de justicia y seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, Raúl López y otros ex funcionarios de centros penales.
Lo mismo ocurre con los cinco líderes ambientalistas de la Comunidad Santa Marta (distrito Victoria, departamento Cabañas). Se les acusa de cometer un asesinato en tiempos del conflicto armado, algo para lo cual jamás podrán probar porque es falso y por eso se deduce que el motivo real de esas capturas es sentar el precedente, para perseguir a quienes participaron, como parte del FMLN durante el conflicto armado y, de paso, limitar la lucha contra la minería en el país.
En justicia, lo único que procede es la libertad inmediata para los procesados en ambos casos y es lo que a gritos se exige.
Pero si un campo refleja el retroceso político de nuestro país, es el de la justicia, que nunca ha sido perfecta, pero que con la lucha del pueblo y reconociendo que la actuación de los jueces fue causa del conflicto, uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos de paz fue la transformación institucional del sistema de justicia, que ahora está prácticamente anulado en su configuración original.
La destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Fiscal General de la República, el 1 de mayo de 2021, por la mayoría de diputados oficialistas, puso al sistema de justicia bajo la tutela de quienes manejan la presidencia de la República.
De manera que esos hechos, y las reformas siguientes, incluyendo la destitución de la mayoría de jueces, hacen que los procesos judiciales estén a merced de voluntades políticas, es decir, la imparcialidad, la sana crítica, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la demostración de la verdad, pueden ser casi “milagros”
Pero es hora que los jueces tomen conciencia, que se deben más al deber ético de hacer justicia y no favores a los poderosos; la institución está concebida para proteger al ciudadano de los abusos de particulares y de los agentes de autoridad.
Los pueblos, aún en períodos de adormecimiento de la conciencia, aún si están engañados, llega un momento en que despiertan, y la condena social por malas acciones llega; la historia y la literatura recogen infinidad de experiencias, incluso en aquellos casos de salvajismo, como fue el holocausto provocado por el nazi fascismo.
Estos lideres ambientalistas, estos exfuncionarios que esperan el veredicto de los jueces, son personas que han actuado correctamente, y ellos, y sus familiares, han sido sometidos injustamente a sufrir por caprichos políticos.
Estas cuestiones han sido dichas, sentidas por muchos, muchas veces, pero no está demás repetirlas, no está demás documentarlas, como lo han hecho los abogados de la defensa y las colectividades que acompañan a las víctimas de manera cercana y quienes por conciencia hemos seguido los casos con el deseo de que se haga de verdad justicia.
No son los únicos casos, otros exfuncionarios, entre ellos la doctora Vanda Pignato, llevan meses esperando el veredicto de un juicio, lo que legalmente es inexplicable.
Aquellos acuerdos, que ahora desconocen los operadores de justicia y el mismo gobernante, establecieron crear la escuela de capacitación judicial, para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país, con institucionalidad democrática; uno se pregunta si quienes hoy ejercen la judicatura estarán formados con esos estándares.
Los acuerdos de paz permitieron reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura, como órgano que evalúa y propone a los más aptos; reformó el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la CSJ, y para vigilar que todo el actuar de funcionarios cumplan con el deber de respetar los derechos humanos, creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos.
Ningún afán de refundar el Estado puede borrar la historia y demostrar que proceden mejor que lo creado en ese diseño. Pero, como en todo, la persona y sus valores cuentan.
Es de esperar que los dictámenes a los que hacemos referencia, sean más apegados a la justicia que a los intereses políticos de quienes promueven la persecución política, instrumentalizando el sistema de justicia, distorsionándolo.
Me uno a la demanda de libertad.
