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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Desde el autogolpe infringido al órgano judicial, con el que se lo decapitara retirando a los magistrados electos sustituyéndolos por elementos partidarios, los niveles de corrupción por los cuales se lo coopto han aumentado en un grado comparable solo al que padeciera cuando los militares rigieron al país.
El juez Antonio Durán lo señaló puntualmente, mientras reclamara a sus pares recobrar su dignidad enfrentando las acciones ilegales que adelanta el régimen, a la par que, demandando de la Corte Penal Internacional, actuar en el caso salvadoreño, para impedir los actos inconstitucionales promocionados, recordando cuánto ha costado andar por la constitucionalidad para que el capricho de un solo individuo acabe con esos tibios progresos.
Tales son los niveles de corrupción, que se aprecia crudamente con la venta de juicios de parte de algunos malos jueces de entre los que fueran nombrados para sustituir a los obligados a jubilarse anticipadamente.
No olvidemos que la razón de fondo para el retiro de aquellos jueces fue la supuesta corrupción de su parte, cuando en cambio los sustitutos son el epítome de la corrupción que así favorece al régimen.
Se suma a esta descomposición, la que el sistema carcelario ha alcanzado con la comercialización de los denominados kit de limpieza, de ropa, de alimentos para cada reo, haciendo de las cárceles verdaderos mercados, y beneficiando con ello a apenas un individuo: el director del mismo.
Tales son los niveles de descomposición del sistema legal, que la pregunta lógica es, ¿a qué responde tal grado de corrupción?
El propósito de la corrupción siempre ha sido dejar hacer, dejar pasar.
Es decir, se coopta al sistema judicial para que el aparato político gobernante se beneficie de ello, y por su intermedio, a quienes representa.
Esto se logra haciendo que sus operarios “vuelvan la vista”, por los compromisos adquiridos con quienes los colocaron en el cargo – pues no debemos olvidar que sus nombramientos no son idóneos, sino políticos – así como haciendo que las reglas del juego jurídico respondan a criterios más laxos por la vía legislativa, para con los intereses en juego, y así los favorezcan.
Es decir, requiere del concurso de todo el aparato de gobierno.
Aquí el riesgo de que el poder se concentre en un solo individuo.
Entonces, bajo la justificación de rectificar los males históricos que aquejan al aparato judicial, este es penetrado y dominado por el mismo partido que rige al órgano legislativo y que domina al ejecutivo, y que en nuestro caso particular supone el gobierno de uno, del actual presidente, el mismo que con el concurso de su círculo cercano ha violentado a su antojo la Constitución, anulándola, captando bajo su dirección todos los recursos estatales, disponiéndolos a su discreción, evadiendo los controles estatuidos por ley, favoreciendo así a la corrupción que bajo su régimen se ha generado.
Entonces, corromper al órgano judicial no responde a una singularidad, sino al propósito de favorecer a las élites que lo promueven, y que solo representa pérdidas al soberano.
Simplemente no se vale.
