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(Colectivo Tetzáhuitl)*
Un discurso demagógico y propagandístico de cuarto aniversario de gobierno, en el que faltaron las referencias a la economía y a las condiciones de vida de la población.
A una semana del cuarto aniversario de gobierno es preciso hacer algunos comentarios sobre lo que pasó en la noche del 1 de junio en el Palacio Legislativo y que fue transmitido por Cadena Nacional de Radio y Televisión en todo el país.
Como es habitual, el Presidente de la República llegó a la Asamblea a rendir, supuestamente, su informe anual de labores ante los Diputados.
El evento estuvo marcado por la parafernalia propagandística que caracteriza al régimen de Bukele: Excesivo despliegue militar, seguidores y empleados públicos que fueron acarreados al lugar del evento y que coreaban el apoyo a la reelección, nutridos y constantes aplausos de lo diputados oficialistas, insultos y ataques de Bukele a los Diputados opositores, discurso demagógico y plagado de falsedades, etc.
No se trató por supuesto de una rendición de cuentas, sino del lanzamiento de la candidatura de Bukele a la reelección presidencial para un segundo mandato inmediato y continuo.
Fue el banderillazo de salida para concretar el fraude a la Constitución que garantizará la continuidad de Bukele por 5 años más y para asegurar el control de los demás Órganos del Estado y de todas las instituciones públicas del país.
El informe anual del Presidente debería haber sido una rendición de cuentas no solo ante el pleno legislativo sino ante el país.
El problema es que la Constitución no obliga a que el Presidente rinda un informe de labores cada 1 de Junio ante la Asamblea.
Esta obligación es de los Ministros, quiénes a partir del 1 de junio de cada nuevo ejercicio fiscal deben llegar a la Asamblea a presentar su memoria de labores para informar de lo que han hecho y de lo que han dejado de hacer.
La práctica de que el Presidente rinda un informe de su gestión de gobierno cada 1 de Junio es una tradición más que una obligación constitucional.
No existe ningún artículo de la Constitución en el que figure esa práctica como una obligación.
Incluso, el Presidente podría rendir ese informe en un mensaje a la nación desde Casa Presidencial y transmitido por Cadena Nacional de Radio y Televisión a todos los hogares salvadoreños.
En El Salvador no es como en Estados Unidos donde cada año es obligación del Presidente presentarse ante el Congreso y el Senado a rendir un informe del estado de la nación que consigna la situación en que se encuentra el país.
En este caso se trató más de un evento político partidario y Bukele es experto en aprovechar este tipo de eventos para fines propagandísticos.
Tanto así que en el 2020 que debió pronunciar su primer discurso de aniversario, luego de su toma de posesión del 2019, ni siquiera asistió a la Asamblea Legislativa en la medida que la correlación le era totalmente adversa.
En ese momento no necesitaba llevar su demagogia hasta la Asamblea porque la oposición partidaria tenía una caja de resonancia con mayor amplitud que la de él.
Lo que queremos decir, entonces, es que el discurso del 1 de Junio ante la Asamblea Legislativa un Presidente puede convertirlo, como lo hizo Bukele, en una perorata propagandística.
Eso es lo que le permitió a Bukele sustituir una rendición de cuentas en un acto propagandístico electoral en el que definió las líneas maestras de su campaña para la reelección.
En una intervención de menos de una hora, Bukele anunció tres medidas que no son de estricta competencia del Ejecutivo y que más bien respondían a una estrategia electoral.
Dijo que propondría a la Asamblea una modificación del mapa político-administrativo del país que reducirá los 262 municipios a solo 44.
Se trata de una propuesta que no tiene una base científica que la sustente, como tampoco el número actual de gobiernos municipales cuando fue establecido en el pasado tenía una sustentación científica.
Siempre que fue establecido el número de municipios en El Salvador se hacía más por conveniencias del Ejecutivo que pensando en el beneficio de la población.
Así como están las cosas, Bukele no está seguro que su partido pueda volver a ganar las 150 Alcaldías que ganó en el 2021.
La reducción de municipios y por tanto de Alcaldes y Consejos Municipales para el 2024 no obedece, como dijo Bukele, a razones presupuestarias.
Hay otras formas de ahorrar gastos menos perjudiciales que vulnerar la autonomía municipal al meterse a manejar el Presupuesto de las Alcaldías.
Por ejemplo, se podrían reducir los escandalosos gastos de publicidad de la Alcaldía de San Salvador.
O bien, se podría no autorizar los jugosos incrementos de salarios y viáticos que se han recetado los Concejales de Nuevas Ideas y evitar la compra de vehículos de lujo para los Alcaldes.
Y si lo vemos desde la perspectiva del Ejecutivo, Hacienda podría emitir un decreto de austeridad que recorte gastos innecesarios: Gastos en Propaganda Gubernamental, Gastos en Equipamiento Militar, Gastos en el aumento de efectivos de la Fuerza Armada, Gastos en Asesores Extranjeros, Gastos en onerosos salarios de los titulares de los Ministerios y Secretarías de la Presidencia, etc.
La propuesta de reducción de municipios obedece más bien al hecho de que las encuestas de Opinión revelan que es poco probable que Nuevas Ideas gane la misma cantidad de Alcaldías que las que controla en estos momentos y mucho menos que gane una cantidad mayor que las ganadas hace dos años.
Cuarenta y cuatro municipios le permitirían además a Bukele concentrar una cuota mayor de poder político y territorial en la medida que aumentaría la concentración de poder en manos del Ejecutivo.
Se trata de una medida contraria a la descentralización del poder y al fortalecimiento de los gobiernos municipales que caracterizan a una democracia representativa y participativa.
Lo mismo ocurre con su segunda propuesta de reducir el número de Diputados de la Asamblea Legislativa de 84 a 60.
Luego de dos años de trabajo está claro que los Diputados de Nuevas Ideas no convocan los mismos niveles de respaldo y aceptación que tiene Bukele.
De hecho, la mayoría de ellos ganaron un curul en la Asamblea en el 2021 no por méritos propios sino porque la población votó por la “N” de Nayib.
La mayoría de ellos no eran conocidos ni siquiera en los Departamentos donde viven y por los que corrieron en las elecciones.
Ahora que los Diputados de Nuevas Ideas se han dado a conocer con una actuación mediocre y genuflexa es muy probable de que el oficialismo no vuelva a ganar los 56 diputados que requiere Bukele para tener el control de las decisiones calificadas.
A finales del 2024 hay que elegir nuevo Fiscal General de la República y en Julio del próximo año habrá que renovar un tercio de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
También 2024 es el año en que deberán nombrarse nuevos Magistrados de la Corte de Cuentas de la República y del Consejo Nacional de la Judicatura.
Si Bukele no tiene la mayoría calificada luego de las elecciones del 2024 aunque siga en el poder perderá el control que actualmente tiene de la Asamblea Legislativa, del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de otras instituciones claves para su ejercicio presidencial.
La reducción de 84 a 60 Diputados pretende justamente eso: mantener el control de los demás Órganos del Estado, sobre todo de la Asamblea, ya que es más probable ganar mayoría simple y calificada con 60 Diputados que con 84.
No se necesita reducir el número de Diputados para asegurar un ahorro presupuestario.
El despilfarro de recursos públicos está en la esencia de Nuevas Ideas y no depende de la cantidad de Diputados que existen en la actualidad.
Con solo recortar gastos y evitar excesos se puede reducir el Presupuesto de la Asamblea sin necesidad de reducir el número de curules.
Por último, el anuncio de impulsar en su último año de gobierno de su primer mandato una “guerra contra la corrupción” no deja de ser un anuncio demagógico y electoral.
Su oferta sería creíble si no le hubiera ordenado al Fiscal Delgado que archivara hace dos años los 12 expedientes por corrupción de funcionarios del gobierno de Bukele y que fueron elaborados y presentados por la extinta CICIES y si tampoco hubiera cerrado la investigación conocida como “Catedral” sobre las negociaciones de su gobierno con las pandillas desde el 2019.
No es la primera vez que lanza a los cuatro vientos una oferta de este tipo.
Lo hizo siendo candidato en el 2019.
En ese momento dijo que se diferenciaría de los gobiernos anteriores porque erradicaría el mal endémico de la corrupción y acabaría con los privilegios de los grupos de poder que habían usado todos estos años el poder del Estado para enriquecerse.
Al inicio de la pandemia del COVID-19 (Marzo del 2020) llegó a amenazar a sus propios funcionarios y les dijo que él mismo metería preso al que llegara a tocar y apropiarse de un tan solo centavo de dólar de la ayuda para enfrentar la crisis sanitaria.
No solo no metió preso a ninguno de ellos sino que los blindó al promover la aprobación en el 2021 de una Ley que los exoneraba de cualquier responsabilidad penal por las compras realizadas durante la Pandemia.
Cómo vamos a creerle ahora que esta vez sí va en serio si teniendo la oportunidad de enfrentar y erradicar la corrupción de las Alcaldías, de los Diputados y del gobierno central en estos 4 años no ha hecho absolutamente nada?
Llegó al absurdo de poner como ejemplo emblemático de esta guerra sin cuartel contra la corrupción el caso del ex Presidente arenero Alfredo Cristiani, quien se encuentra desde hace meses fuera del país en Italia, la tierra natal de su familia.
Bukele hizo coincidir la hora del discurso presidencial con el preciso momento en que la Fiscalía realizaba un proceso de allanamiento y confiscación de los bienes del ex mandatario y de sus empresas.
Una de las empresas intervenidas, Droguería “Santa Lucía”, casualmente ha sido la principal competencia en la venta de medicamentos al Seguro Social y al Ministerio de Salud de la droguería SINQUIMIA, propiedad del clan familiar Bukele.
Pueda que los delitos atribuidos al ex Presidente Cristiani tengan sustento legal, eso no lo negamos, pero no cabe duda que el despliegue publicitario que acompañó a los operativos de la Fiscalía y la Policía tenían un claro sesgo propagandístico.
Si hay 12 expedientes fiscales que abrió el Fiscal General anterior, Raúl Melara, y si también hay denuncias documentadas del Departamento de Justicia de EUU que llevaron a que el Departamento de Estado de ese país incluyera a una docena de funcionarios y ex funcionarios de la administración Bukele en la lista Engels y en la lista del Departamento del Tesoro por atentados a la democracia y por haber cometido actos de corrupción, por qué no utiliza estos expedientes y este listado como hoja de ruta para la anunciada guerra contra la corrupción?
Solo así Bukele nos demostraría que va en serio con eso de que perseguirá la corrupción, venga de donde venga.
El problema para Bukele es que al meter presos a sus funcionarios corruptos, estos podrían criteriarse y acabar incriminándolo a él.
Fuera de esos anuncios, Bukele no mencionó nada relacionado con la economía del país y las finanzas públicas y menos con el deterioro de las condiciones de vida de la población que registran las mismas fuentes oficiales.
No dedicó ni un tan solo segundo de su intervención en la Asamblea para referirse al estado de la economía del país.
Pasó por alto, por ejemplo, el incremento en el costo de la vida y el aumento de la pobreza, relativa y extrema.
No dijo nada de la caída de las exportaciones, de la inversión extranjera y de la actividad económica del país.
Tampoco se refirió al desfinanciamiento y al cierre de más de una docena de programas sociales, así como a la reducción de la proyectada inversión pública.
Tal como ha señalado recientemente el economista César Villalona “…el pueblo tiene derecho a saber por qué sus condiciones de vida se deterioran a pesar de que el Gobierno ha manejado alrededor de $30 mil millones de dólares (incluyendo deuda y donaciones) en tres años y 10 meses (Junio del 2019 a Abril del 2023)…”
A cuatro años de haber comenzado su Presidencia sigue sin construirse el Tren del Pacífico, el aeropuerto internacional de Oriente, Bitcoin City y las nuevas fuentes generadoras de energía que prometió.
La Presa del Chaparral continúa estancada y los proyectos sociales que se construirían para compensar el deterioro ambiental de la zona se encuentran abandonados.
A pesar que desde finales del 2018 existe el financiamiento aprobado por el BID ($170 millones de dólares) para la construcción del nuevo Hospital Rosales, del Hospital de Nejapa y de varias clínicas familiares así como la remodelación de unas 40 unidades de salud y el abastecimiento de medicamentos a la red hospitalaria nacional, Bukele no dio una tan sola explicación de las razones del atraso y menos dónde se encuentra el dinero para estos proyectos.
Ignoró los problemas de funcionamiento de la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM) y por qué razón quitó a su Director Ejecutivo.
Tampoco justificó el atraso de las obras manejadas por la DOM, como por ejemplo la reconstrucción del mercado San Miguelito, y las irregularidades en la mayoría de licitaciones que se han llevado a cabo en las que han sido favorecidas empresas extranjeras acusadas de corrupción en sus países de origen.
Ignoró por completo el deterioro de los indicadores sociales del país bajo su gobierno, según lo reportan informes oficiales del Banco Central de Reserva.
No hubo una tan sola referencia al fiasco que significa la circulación legal del Bitcoin en el país y tampoco al deterioro de las finanzas publicas y al enorme endeudamiento que ya casi alcanza los 6 mil millones de dólares en solo 4 años.
En estos años el gobierno solo ha ejecutado el 38% de la inversión aprobada.
A la fecha no se han construido las tres sedes regionales de la Universidad Nacional que prometió, ni la residencia estudiantil dentro del campus universitario.
Solo se han reparado 6 escuelas de las 5 mil que dijo que serían remodeladas en 5 años, a razón de mil por año.
También ofreció que 2022 iba a ser el año de la mayor inversión pública del país, más de $1,500 millones de dólares, de los cuales no se invirtió ni una tercera parte de lo anunciado.
Este ofrecimiento ha quedado en el papel.
En lugar de construir más Unidades de Salud, cerró 17 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) y le restó $13 millones al Primer Nivel de Atención al bajar su presupuesto de $312 millones de dólares en el 2019 a $199 millones en el 2023.
Las cifras oficiales reportan un mal desempeño económico durante 2020, 2021 y 2022, que no ha mejorado en lo que va del 2023.
Hasta Febrero de este año el índice del Volumen de la Actividad Económica (IVAE) era de -0.1%.
De Enero a Abril las exportaciones cayeron un 4.6%.
Los ingresos tributarios disminuyeron en el primer trimestre de este año en 2.6%.
En lo que lleva el presupuesto del 2023, el gobierno solo ha ejecutado el 4% de la inversión programada.
Las importaciones de materias primas disminuyeron 19% y las de Bienes de Capital cayeron 3.3% en la industria manufacturera, 19% en el agro y 2.7% en los servicios.
Estos indicadores reflejan un contexto de contracción económica que afectará el empleo y el costo de la vida, el cual tampoco se espera que mejore en lo que falta de este año.
En el discurso de Bukele, la cereza del pastel como era de esperarse, fue la reducción de los homicidios y los supuestos éxitos del Plan Control Territorial.
En su balance de la seguridad estuvo ausente el tema de las negociaciones ilícitas con las principales pandillas que operan en el país, de las que existen sobradas evidencias que se vienen dando desde el 2019.
Dos de sus funcionarios más cercanos, Osiris Luna Meza y Carlos Marroquín, están por ser procesados en EEUU por negociar con las pandillas y Bukele sigue guardando un silencio sepulcral.
“El Salvador ya no es más la finca de nadie”, Nayib Bukele durante su discurso del 1 de Junio.
Bukele tampoco hizo referencia a su alianza con la oligarquía, con los más importantes grupos empresariales del país y con el grupo empresarial Alba Petróleos que controla José Luis Merino del FMLN, investigado por lavar miles de millones de dólares.
En estos cuatro años Bukele ha consolidado su alianza con la oligarquía tradicional del país, con la gran empresa y con el grupo empresarial Alba Petróleos y ha creado las condiciones para el empoderamiento de su clan familiar.
Veamos algunos ejemplos que dan cuenta de estas alianzas.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministro amigo cercano de Bukele, Fernando López Larreynaga, ha autorizado al menos 5 proyectos urbanísticos que impactarán negativamente en el medio ambiente y afectarán las fuentes de recarga acuífera del país y la fauna y flora de las zonas intervenidas.
Estos proyectos benefician a varias empresas, algunas de ellas en manos de poderosos miembros de la oligarquía, como la Familia Dueñas.
Después de varias protestas de 21 comunidades pobres del país del municipio de Apopa, donde se ha comenzado a construir un complejo urbanístico para familias de clase media alta y alta, conocido como “Ciudad Valle El Angel”, el Ministerio de Medio Ambiente de Bukele autorizó finalmente el desarrollo del proyecto que lleva a cabo el poderoso e influyente grupo Dueñas, propietario de la empresa Urbánica S.A. de C.V.
En esta autorización hay un complejo entramado de relaciones que además del gobierno central aparecen involucrados la Alcaldía de Apopa y los Juzgados de Medio Ambiente.
Según los ecologistas, la urbanización de esta zona disminuirá la infiltración de aguas lluvias y por tanto la renovación de los mantos acuíferos y la disponibilidad de agua para Apopa y parte del área metropolitana de San Salvador.
En esta decisión del gobierno pesa más la defensa de los intereses económicos del Grupo Dueñas que el bienestar de la población.
Está claro para quién gobierna Bukele y para quiénes no.
Otro caso relevante es la construcción de viviendas y torres de apartamentos en un área protegida del municipio de Nuevo Cuscatlán.
El Ministerio de Medio ambiente infringió una prohibición que venía desde los gobiernos del FMLN y que había bloqueado un proyecto de la empresa Algasa S.A de C.V., al otorgar después de varios años los permisos ambientales para impulsar el proyecto inmobiliario en una zona de máxima protección, donde es ilegal construir.
La llegada de Bukele a la Presidencia hizo posible que los obstáculos en el camino de la urbanizadora fueran desapareciendo.
La Revista “Gato Encerrado” reveló que irónicamente esta área en proceso de destrucción es casualmente el patio trasero de una propiedad del actual Ministro de Medio Ambiente, quien en el 2014 adquirió un lote en la residencial La Florida, ubicada en la cima de la Cordillera del Bálsamo, al norte de Nuevo Cuscatlán.
No sería remoto que la familia Bukele tenga algo que ver en este negocio.
En el 2020, el gobierno de Bukele también respaldó el proyecto turístico “El Cancún de El Salvador”, que es un complejo Hotelero en la Isla Tasajera, propiedad de la familia Closa, dueña del Hotel Tesoro Beach y de Tortuga Village en la Costa del Sol y desarrolladora de proyectos turísticos en el Departamento de La Paz.
Este complejo esta siendo construido en una “zona de amortiguamiento” de un área natural protegida de unas 120 manzanas con salida a la playa, donde según la Ley de Medio Ambiente no se puede construir.
De nuevo, queda claro para quién o quiénes gobierna Bukele.
También en el 2020, el MARN otorgó el permiso ambiental para construir una urbanización de casas y apartamentos de lujo en el Cerro Afate, del lago de Coatepeque, en una extensión de tierra que es considerada “la última joya ecológica del Lago Coatepeque” y que está clasificada como zona de máxima conservación.
Lo revelador que en este proyecto, la suegra de Bukele, Arena Perezalonso de Rodríguez, madre de Gabriela de Bukele, fue la encargada de la comercialización de los inmuebles, en tanto Directora Ejecutiva de la empresa inmobiliaria responsable de la construcción.
Esta misma empresa está desarrollando otro proyecto urbanístico para familias de clase media alta en Nuevo Cuscatlán en una zona protegida en la que no es legal construir.
La Revista Gato Encerrado ha revelado también que este patrón de construcción que afecta al medio ambiente ha sido utilizado por el propio gobierno desde que Bukele ordenó al Ministro de Medio Ambiente que en un máximo de 100 días destrabara y acelerara todas las prohibiciones que tenía acumuladas el MARN para el desarrollo de proyectos urbanísticos.
Es el caso del Aeropuerto del Pacífico en la zona Oriental del país donde el Ministro López sustituyó en el 2022 las directrices que regulaban las construcciones en la franja costera-marina y en su lugar promovió otras menos restrictivas que permitían otorgar el permiso de construcción del nuevo aeropuerto.
Estos son solo algunos ejemplos que responden a la pregunta para quiénes gobierna Bukele y para quiénes seguro va a seguir gobernando al ganar un segundo mandato.
A pesar de lo asegurado por Bukele, El Salvador sigue siendo la finca de la oligarquía salvadoreña, finca de la que Bukele no es uno de sus propietarios sino el capataz.
Aunque Bukele es un fiasco como Presidente se va a reelegir en Febrero del 2024, ya que la oposición está más débil que nunca.
Desde que Bukele anunció en Septiembre del año pasado que buscaría la relección para un segundo mandato presidencial, la oposición inició un debate al interior de los principales partidos del país sobre la conveniencia o no de participar en las elecciones del 2024.
ARENA y el FMLN desde hace meses acordaron ir solos, sin alianzas con otros partidos políticos y con candidato propio.
ARENA a diferencia del FMLN ha dejado abierta la puerta para llevar a un candidato que no necesariamente provenga de sus filas partidarias.
Otros partidos como Nuestro Tiempo, en alianza con un grupo de la sociedad civil autodenominado SUMAR, ha acordado llevar una fórmula integrada por candidatos de la sociedad civil que no tienen en estos momentos militancia partidaria: La activista de Derechos Humanos, Celia Medrano, y el ex militar Luis Parada.
Celia Medrano viene de las filas del antiguo ERP (una de las organizaciones integrantes del FMLN cuando fue un Frente Guerrillero) y Luis Parada fue precandidato a la Presidencia de la República por ARENA para las elecciones del 2019.
El partido VAMOS ya dijo que no participará en las elecciones presidenciales solo en las Legislativas y Municipales.
Hay otros movimientos políticos que aún no llenan sus requisitos de inscripción y es poco probable que alcancen a hacerlo en los plazos establecidos por la Ley.
De toda la oposición política partidaria, el único que tiene una formula en firme es el FMLN con Manuel “el Chino” Flores como pre candidato a la Presidencia y Werner Marroquín, activista de la diáspora en EEUU, pre candidato a la Vice Presidencia.
La fórmula de Luis Parada y Celia Medrano, respaldada por Nuestro Tiempo y Sumar, aún no ha sido inscrita para las internas que deberá llevar a cabo Nuestro Tiempo, tal como exige la Ley.
En el caso de Bukele, quién aún no ha renunciado a la Presidencia de la República, y tampoco se ha inscrito en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es prácticamente un hecho que correrá para intentar ganar un segundo mandato, continuo e inmediato.
Como hemos sostenido antes, Bukele no tiene otra opción que correr de nuevo por la Presidencia de la República si no quiere ir preso por los delitos cometidos en su primer mandato.
Nosotros en el colectivo Tetzáhuitl estamos seguros que Bukele vencerá a sus potenciales rivales y conseguirá con relativa facilidad ganar las elecciones presidenciales del 2024.
Algunos, sobre todo desde la oposición, sostienen que la candidatura de Bukele no es tan robusta como se dice, tal como lo reflejan las Encuestas de Opinión.
Es cierto que las proyecciones electorales de una Encuesta son solo eso: proyecciones que pueden cambiar según las circunstancias y los escenarios que se vayan creando.
Pero en el caso de Bukele, muy a pesar de que no ha cumplido la casi totalidad de sus promesas electorales que vienen desde el 2019 y que eso podría provocar algún desgaste de su imagen, todo indica que va a ganar sin mayor obstáculo.
Un hábil manejo de la propaganda gubernamental mantiene después de 4 años de gobierno a Bukele con un alto nivel de aceptación.
A pesar del rumbo errático de la economía, de la crisis de las finanzas públicas, de los graves problemas financieros que enfrenta su gobierno y del progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, del alto costo de la vida y del aumento de la pobreza, la imagen del mandatario continúa al alza.
El respaldo ciudadano a la gestión de gobierno de Bukele oscila entre un 80%, el porcentaje más bajo en algunas encuestas, y un 91%, el más alto en otras.
Por más que se diga que las encuestas están compradas, el hecho evidente es que hasta en las más profesionales y acreditadas, como la encuesta de la UCA, Bukele aparece con un porcentaje alto de aceptación, suficiente para ganar en primera vuelta.
A esto hay que agregar que el cambio en las reglas del juego electoral que está propiciando Bukele es justamente para asegurarse el triunfo tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas y municipales.
O gana por las buenas o gana por las malas, con fraude y todo.
Otro aspecto que no debemos pasar por alto es que la oposición partidaria pasa por su peor momento en años.
Los partidos políticos, otrora mayoritarios, han perdido una parte importante de su trabajo territorial y de su representación política.
Los partidos emergentes y minoritarios como Nuestro Tiempo y Vamos no han logrado aumentar su presencia en el territorio desde las elecciones en las que han participado, al menos no para vencer a Nuevas Ideas y menos a una fórmula presidencial encabezada por Nayib Bukele.
El que enfrenta una verdadera debacle electoral y territorial que tocó piso en las elecciones del 2019 y del 2021 es el FMLN.
En el 2019 perdió más de un millón de votos para la Presidencia de la República (pasó de 1 millón 400 mil votos a unos 387 mil)
En el 2021 redujo su bancada legislativa de 23 Diputados a solo 4, dos de ellos por residuo.
En este caso la votación a favor del FMLN también cayó en forma estrepitosa, incluyendo los votos para las Alcaldías que estaban en juego.
El triunfalismo del FMLN y la excesiva confianza de su pre candidato presidencial en un supuesto crecimiento del partido, Manuel Flores, no tiene ningún sustento en la realidad.
Ni siquiera es un líder consumado y arraigado en la población que genere esperanzas de cambio.
A esto hay que agregar que ambos partidos, ARENA y FMLN, enfrentan problemas de financiamiento.
ARENA perdió a sus antiguos financistas que ahora están con Nuevas Ideas y el FMLN ya no cuenta con el financiamiento del Gupo Alba Petróleos, al menos no en los montos anteriores.
Además, por alguna razón que no ha explicado el Ministro de Hacienda, ni ARENA ni el FMLN han recibido aún la deuda política de las elecciones pasadas.
En suma, no hay nada en los escenarios electorales que se están construyendo que nos haga pensar que Bukele puede ser derrotado.
Todo apunta que va camino a un segundo mandato presidencial.
Cómo hay que enfrentar ese nuevo mandato y cómo quedará la distribución de las diputaciones y de las Alcaldías después de Febrero de 2024 es un tema que dejaremos para futuras entregas.
Por de pronto concluimos este análisis con la convicción de que, lamentablemente, la oposición será nuevamente derrotada en el 2024 y que Bukele ganará un segundo mandato presidencial.
Mandato inconstitucional e ilegal, pero que será una realidad con la que deberá lidiar la oposición, pero sobre todo el creciente movimiento ciudadano de resistencia y rebeldía popular.
*El colectivo Tetzáhuitl es un colectivo de análisis de la realidad nacional integrado por periodistas y analistas sin ninguna afiliación partidaria.
