PARASITOCRACIA

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

En lo que va de la gestión del régimen que nos mal gobierna, al menos 22,000 empleados públicos han sido separados de sus cargos por razones ideológicas y político partidarias.

Muchos de estos iniciaron procesos legales y un buen porcentaje, que crece día a día, son beneficiados con el reinstalo judicial además de su indemnización, siendo prácticamente la totalidad de ellos, desoídos por las nuevas autoridades, y en un alto porcentaje, negado su reinstalo por las mismas razones.

En cambio, el régimen los ha sustituido con elementos partidarios sin habilidades ni dominios que los califiquen como operarios en estos cargos, y en un número que al menos los quintuplica, de acuerdo al ISSS.

El estado entonces se ha visto cooptado por agentes del oficialismo que solo lo han vuelto menos eficiente, lo que puede apreciarse en el nulo desempeño económico estatal, que, por quinto año consecutivo, deja al país con el menor crecimiento en el área centroamericana.

Tomemos por ejemplo el caso de la bancada oficialista en el órgano legislativo, donde a pesar de haberse reducido sustancialmente el número de diputados, ésta ha generado 2,000 nuevas plazas, ocupadas no por técnicos o académicos con dominios reales que puedan hacer aportaciones positivas para el bien gobernar, mediante el apoyo que brinden al estado a través del diputado al que asesoren, siendo en cambio ocupadas por amigos, familiares, deudores, barraganas, en fin, una fauna compuesta por el más colorido y variopinto parasítica corpus, que sumado a los youtuberos y generadores de contenido con que sustituyeran a los periodistas en el hemiciclo legislativo, sólo han atinado a anquilosar dicho órgano, asegurando así su anulación por incapacidad, que garantiza el papel de ser una mera extensión de la presidencia, bajo la ilegalidad que se nos impuso luego de la disolución del supremo judicial, hace 2 años.

Al considerar esta realidad que se refleja en que estos diputados oficialistas solo hacen lo que les dice CAPRES, sin mediar ninguna reflexión en torno a la conveniencia o no de la tal, confirmamos que el estado salvadoreño es ya inexistente, y la tramitología es apenas un formalismo sin sustancia, para apenas cubrir las apariencias.

Entonces se ha conformado en una parasitocracia, donde esta desmedida recua de nuevos operarios ni están calificados, y si son prescindibles, por lo que sus incapacidades las encubren siendo solícitos con el activo que los gestiona, y crédulos con los sinsentidos que les derivan desde el mando que sea.

La evidencia de esto la encontramos en los centros penales, donde los directores simplemente desoyen las órdenes de los diferentes jueces, o con la FGR que se niega a investigar las torturas y asesinatos en estos, alegando junto al delegado presidencial de DDHH, que nada de eso sucede, a pesar de ser ya más de 500 los ciudadanos asesinados, y más de 10,000  los detenidos arbitrariamente, lo que además es señalado por el relator de DDHH de la ONU, así como por el sistema interamericano de DDHH dependiente de la OEA.

¿Hasta cuándo?