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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucional, por vicio de forma, la creación de la ley de impuesto a las operaciones financieras y las reformas efectuadas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el Código Tributario. Lo anterior, debido a que no existió la posibilidad real de deliberación y discusión parlamentaria sobre las reformas, lo cual contraviene el contenido del artículo 135 inciso primero de la Constitución.
Para los magistrados no se dio el tiempo razonable para el estudio de los proyectos de ley referidos, lo que implicó un obstáculo para la deliberación particular de los diputados.
“Aunque el texto de los decretos impugnados fue leído en el pleno legislativo, tal lectura no sustituye el análisis previo que debió propiciarse y que, vista la complejidad del contenido de tales decretos, razonablemente no pudo efectuarse en el tiempo permitido para ello. Por lo anterior se declaró la existencia de inconstitucionalidad”, dictaron los magistrados.
La Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras entró en vigencia el primero de septiembre del 2014, la cual establecía que las entidades financieras puedan retener 0.25% por cada transacción en efectivo, con cheque o de forma electrónica que supere los mil dólares. Ante la inconstitucionalidad, la Sala estableció que a fin de evitar la posible situación de insolvencia en el presupuesto en ejecución, los magistrados establecieron que “los decretos impugnados, se difieren los efectos de la sentencia hasta el treinta y uno de diciembre del año en curso, término durante el cual podrán seguir aplicándose los decretos legislativos impugnados. Vencido dicho plazo, los decretos legislativos declarados inconstitucionales serán expulsados del ordenamiento jurídico y no será posible su aplicación”.
