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Por Cecil Morella
Manila/AFP
Los parlamentarios filipinos votaron para reducir a migajas el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos y dieron un primer paso para destituir a la jefa de la Corte Suprema, unas medidas que los detractores de Rodrigo Duterte consideraron dictatoriales.
Estos dos votos de la Cámara de Representantes muestran, según los sectores críticos, que el presidente está silenciando cualquier oposición a su polémica guerra contra la droga, que ya ha dejado miles de muertos y que los defensores de los derechos humanos tildan de posible crimen contra la Humanidad.
El Congreso decidió reducir a 1.000 pesos (16 euros, 19 dólares) los fondos destinados a la Comisión filipina de Derechos Humanos, en el proyecto de presupuesto 2018 votado en segunda lectura el martes por la noche. Antes, dicha comisión recibía anualmente 678 millones de pesos (11 millones de euros, 13 millones de dólares).
El mismo Duterte vinculó esta decisión con la investigación realizada por esta comisión sobre los muertos de la guerra antidroga y con las críticas sobre el tema de su presidente, Jose Gascon.
«Solo tiene lo que merece», dijo a la prensa. «Solo le dieron 1.000 pesos porque el Congreso está enojado».
Esta comisión es uno de los órganos independientes previstos por la Constitución para supervisar las labores del ejecutivo, que tiene bajo su control la policía y las fuerzas armadas.
La Corte Suprema es otra salvaguardia constitucional.
‘Hacia la dictadura’
Los aliados del presidente en la comisión de Justicia de la cámara baja también votaron a favor de la destitución de la presidenta de la Corte Suprema, Maria Lourdes Sereno, al considerar que las acusaciones de corrupción contra ella estaban fundadas.
Sereno también se ha mostrado crítica con la campaña antidroga de Duterte. El año pasado escribió al presidente para expresar su preocupación después de que acusara a siete jueces de estar vinculados con el tráfico de drogas.
Duterte reaccionó amenazando con decretar la ley marcial.
Si la Cámara de Representantes vota la moción de la comisión de Justicia en sesión plenaria, el Senado tendría que reunirse para examinar la destitución de Sereno.
El Senado también tiene que votar la decisión sobre el presupuesto de la Comisión de los Derechos Humanos.
La cámara alta está igualmente dominada por los aliados del presidente pero se ha mostrado más independiente que la cámara baja.
Tras estas medidas, la oposición lanzó una advertencia contra el autoritarismo de Duterte, que se autocalifica de socialista y suele elogiar al difunto dictador Ferdinand Marcos y al presidente ruso Vladimir Putin.
«Esto nos sitúa en el camino directo hacia la dictadura», denunció el senador Francis Pangilinan, jefe del Partido Liberal, principal movimiento de la oposición.
‘Acoso e intimidación’
Teodoro Casino, antiguo representante del partido de izquierda Bayan Muna, también criticó la votación.
«Consideramos esto como un intento de acoso e intimidación a la Corte Suprema», dijo a la AFP. «Las instituciones creadas para ser órganos de supervisión del gobierno, especialmente en materia de derechos humanos, están siendo atacados y debilitados».
Una de las principales opositoras al presidente, la senadora Leila de Lima, fue detenida en febrero por causas consideradas «políticas» por una resolución del Parlamento Europeo.
Esta exministra, considerada por la oenegé Amnistía Internacional como presa política, también fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Durante este fin de semana, Duterte también prometió «destruir» a otro de sus opositores, el senador Antonio Trillanes, destacado detractor de la guerra antidroga.
Rodrigo Duterte fue elegido en 2016 prometiendo erradicar el tráfico de droga a base de eliminar a decenas de miles de delincuentes.
La policía anunció haber abatido a 3.800 presuntos toxicómanos o traficantes. Otras miles de personas murieron sin embargo en circunstancias inexplicadas.
Los sondeos muestran sin embargo que la mayoría de filipinos siguen apoyando esta política.
