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Yaneth Estrada
@caricheop
“No estamos defendiendo a ninguna persona, estamos defendiendo los procesos institucionales que están normados por ley y de alguna manera han sido cuestionados”, lamentó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana, luego de las acusaciones por lavado de dinero y peculado al expresidente Mauricio Funes.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exmandatario y 32 personas más, entre exfuncionarios y familiares, por el desvío de 351 millones de dólares provenientes de la partida de gastos reservados, y puso en duda la legalidad de los gastos mismos y de los procesos de ejecución.
Origen
La partida de gastos reservados ha existido históricamente y forma parte del presupuesto de la Presidencia de la República. Actualmente, está incluida en la ley de presupuesto que cada año aprueba la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, en cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al menos desde 1994 hasta 2010, no es posible realizar transferencias de otros ramos a dicha institución sin la previa autorización de la Asamblea Legislativa.
Lorenzana enfatizó categóricamente que “tienen todo el soporte documental para mostrar el tránsito de los recursos desde su origen hasta su destino”.
Lorenzana consideró que este tipo de declaraciones que han sido difundidas sobre la partida de gastos reservados pueden dañar gravemente la imagen del país y dejarlo mal posicionado ante calificadoras de riesgo e insistió que cuando se otorgan los empréstitos también se forman unidades ejecutoras de inversión, donde participan las autoridades del ministerio al cual se le asignó el préstamo y las autoridades del Banco Mundial, del BID u organismos internacionales.
Lo anterior fue clarificado luego que la Fiscalía manifestara que fondos provenientes de préstamos fueron a parar a la cuenta de gastos reservados, lo cual fue rechazado tajantemente.
“Respetamos las medidas implementadas por la FGR y consideramos que la institución tiene el compromiso y desafío de probar técnicamente y jurídicamente las diferentes acusaciones que ha hecho”, advirtió el funcionario, sobre los 352 millones de la partida reservada que supuestamente fueron utilizados con otros fines. A la vez, se comprometió a colaborar con todos los requerimientos de información que soliciten a todas las instituciones del Estado.
Procedimientos legales
El ministro de Hacienda Nelson Fuentes aclaró que “el Presupuesto General de la Nación siempre ha actuado con base a la constitucionalidad definida por la Sala, y todas las transferencias han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa”.
Además, aseguró que las cuentas del fondo general del Ministerio de Hacienda están en el Banco Central de Reserva (BCR) “y no en otros bancos”.
En su presentación a la prensa, Fuentes mencionó que el artículo 11 de la ley AFI explica que la característica básica del SAFI es la centralización normativa y la descentralización operativa. “La centralización normativa le compete al Ministerio de Hacienda y la descentralización operativa implica la responsabilidad de las operaciones financieras en el proceso administrativo, la tienen las unidades ejecutoras”, añadió.
“Es responsabilidad de Hacienda y de las instituciones dejar claro que se ha hecho una buena metodología de transferencias de fondos”, enfatizó el encargado de las finanzas públicas del Ejecutivo.
Oscar Cabrera, presidente del BCR, sostuvo que la Ley Orgánica le faculta a la institución ser agente financiero del Estado, siendo uno de sus alcances la facilitación de sus operaciones de pago. “Las actuaciones del BCR han estado apegadas al marco legal”, reiteró.
“El Banco Central es responsable de mantener la infraestructura del sistema de pago de las instituciones del Estado y cumple con todo el procedimiento regulatorio aplicable a todos los sistemas de pago”, acotó Cabrera.
El sistema de pago del BCR, al igual que el Ministerio de Hacienda, es auditado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y mantiene procedimientos que cumplen la Ley contra Lavado de Activos y las normativas relacionadas. Mientras que le corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) supervisar y auditar los procesos de administración y custodia de especies monetarias.
Ricardo Perdomo, superintendente del Sistema Financiero, aseguró que “los bancos del sistema financiero tienen la obligación de conocer el origen de los fondos y el manejo de sus clientes”. Sin embargo, hizo hincapié en que no pueden supervisar a los usuarios porque no tienen la facultad legal.
El superintendente destacó que la banca salvadoreña cuenta con la solvencia, liquidez y adecuados controles sobre riesgo financiero y en particular sobre el riego de lavado de dinero. Acá El Salvador se encuentra entre los 4 países de Latinoamérica con menor riesgo frente a este delito, según el Instituto de Gobernanza de Basilea.
“Si nuestro proceso de supervisión rutinaria detecta una deficiencia en los controles de lavado de dinero, se aplica un proceso administrativo sancionador y se reporta inmediatamente a la FGR”, reafirmó Perdomo.
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