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En los considerandos de la resolución de amparo número 167-2020, la Sala de lo Constitucional contextualiza que: “es un hecho público y notorio que, por disposición de funcionarios del Órgano Ejecutivo y de una institución autónoma, las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AISOARG) exigieron a sus pasajeros, a partir del 19 de septiembre de 2020, la presentación de una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) negativa a COVID-19 antes de abordar las aeronaves, la cual al llegar a territorio salvadoreño fue también requerida por las autoridades migratorias”. Lo es también que a partir del día de ayer las autoridades migratorias estarían exigiendo dicha prueba a quienes ingresan al país por las fronteras terrestres. “En una conferencia de prensa brindada el 19 de septiembre de 2020 por el titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y por otros funcionarios, se anunció la decisión de ordenar a las aerolíneas que impidieran el embarque del pasajero que no presentara una prueba de PCR negativa a COVID-19, obligación de la cual estarían exentos diplomáticos, miembros de la tripulación y niños menores de 2 años de edad”. “En comunicados de prensa difundidos por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y por la DGME, se informó sobre la disposición anunciada por el titular de la DGME”.
En una resolución anterior, la Sala había prohibido al Ejecutivo que exigiera a los salvadoreños y extranjeros residentes en El Salvador la prueba del PCR negativa para poder ingresar al país por el aeropuerto internacional. Ante esta prohibición, el Ejecutivo anunció que se les pediría a las líneas aéreas que exigieran la prueba a los pasajeros al momento de abordar la aeronave y si traían a algún pasajero sin la mencionada prueba se multaría a la línea aérea infractora. El sábado 19 y domingo 20 de septiembre llegaron al país los primeros vuelos en la apertura del transporte aéreo y, en efecto, todos los que ingresaron al país lo hicieron porque demostraron que traían la prueba del COVID-19 negativa. Otros vieron frustrados sus viajes porque no pudieron obtener la prueba, bien por desconocimiento, bien por falta de dinero, bien por falta de tiempo.
Ante la salida que buscó el Gobierno para exigir la prueba, la Sala de lo Constitucional resolvió la tarde del miércoles: “tiénese por incumplida la medida cautelar adoptada el 14 de septiembre de 2020 en el presente proceso de amparo y ratificada en el auto de 18 de septiembre de este mismo año”. Y, “dése aviso y en consecuencia certifíquese a la Fiscalía General de la República el presente auto y las resoluciones del 14 y 18 de septiembre de 2020 ante la posible comisión de delitos ocurridos en el desarrollo de este proceso, derivados del incumplimiento de dichas resoluciones, por lo que esa institución deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados”.
El hecho de que la Sala certifique a la Fiscalía General el incumplimiento de una sentencia judicial, implica que a la fiscalía solo le tocaría identificar a los infractores y aplicar la ley según lo demanda, de acuerdo a los delitos incurridos.
Esta es la primera vez que la Sala de lo Constitucional acude al Ministerio Público, ante la violación de sus sentencias, pese a que, durante esta pandemia, han sido recurrentes las “salidas alternas” del Ejecutivo, cuando le ha declarado inconstitucional sus leyes o decretos.
La Fiscalía General de la República, sobre todo el señor fiscal Raúl Melara tiene un papa caliente en sus manos, pues por primera vez se verá exigido a cumplir una orden de la Sala de lo Constitucional, o también buscará subterfugios en caso de que no quiera procesar al o los infractores de las sentencias de la Sala.
Algunos representantes de la derecha política, de la que proviene el fiscal Melara, lo han señalado por “coquetear” mucho con el señor presidente Nayib Bukele, para evitar los ataques públicos de los seguidores del mandatario y porque hace cálculos que, de obtener mayoría calificada Nuevas Ideas, el 28 de febrero, él podría ser reelegido como fiscal general. Por eso es que creemos que esta decisión de la Sala de lo Constitucional será la prueba de fuego para el señor fiscal Melara.
