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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La investigación “La Transparencia en la Administración de Gobierno durante la Emergencia del COVID-19 en El Salvador”, realizado por el consultor Jaime López, y presentado por la Fundación del Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), reseña en sus hallazgos la existencia de patrones autoritarios, evidenciada en los últimos meses y un esquema opaco en cuanto al acceso de información.
Saúl Baños -director de FESPAD- señaló que este esfuerzo investigativo cuenta con tres apartados desde un enfoque de derechos humanos, en el marco de la pandemia del COVID-19. La primera entrega es sobre la transparencia en la administración del Gobierno durante la Emergencia, en fechas posteriores se presentará Derechos Humanos y COVID, y el último será COVID y Constitución.
“Con este estudio, FESPAD pretende hacer un aporte, una contribución sobre el debate en el manejo de los fondos públicos, dado que la situación extraordinaria por la que el mundo atraviesa y en particular en El Salvador ha generado indicios de actos poco transparentes. También creemos que la vorágine, dinámica y rapidez de la ocurrencia de estos hechos podrían estar imponiéndonos una naturalización de estos hechos, una normalidad de estos hechos, que es una de nuestras preocupaciones”, opinó Baños.
Asimismo, Baños llamó a la atención sobre la narrativa que se está imponiendo, que tiene a su base una “fuerte estrategia comunicacional”, que estaría pretendiendo que se normalicen ciertas prácticas que podrían generar al final el florecimiento de mayor impunidad.
“Este estudio es un intento por construir otra narrativa sobre la base de hechos concretos y verificables. Es un estudio con basamentos teóricos, con un cumplimiento y seguimiento de un método que le dan robustez técnica. Y que se pone al debate público para generar esa contra narrativa. Nos preocupa, como FESPAD, que los órganos de control estén siendo superados por esta dinámica, por la poca capacidad instalada, por omisión y las retrancas que se ponen y necesitamos que se fortalezcan esas instituciones”, sostuvo.
Jaime López, investigador social y coordinador de proyectos en materia de transparencia y anticorrupción, también ha trabajado para FESPAD, FUNDE y Corte de Cuentas y, a la luz de sus investigaciones, comentó que se realizó en el marco de una “coyuntura excepcional”, al juntarse dos hechos relevantes: el cambio de Gobierno y la llegada de la pandemia COVID-19.
Partiendo del informe, Jaime López señaló que la llegada al Ejecutivo, por parte del presidente Nayib Bukele, se enmarcó en una campaña electoral que abordó la inseguridad, la corrupción, impunidad y el deterioro de algunos indicadores sociales (Plan Cuscatlán). En donde la corrupción y la impunidad eran la causa de la desigualdad y pobreza en el país.
López citó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), inspirado en las experiencias de Guatemala y Honduras; el nombramiento presidencial de un Comisionado contra la Corrupción y la no prescripción de los delitos de corrupción como las primeras medidas del Gobierno Bukele Ortez.
Sobre la impunidad en delitos de corrupción, López mencionó que muchos funcionarios no han podido ser juzgados por vía administrativa, civil o penal, porque las instituciones que fiscalizan a los servidores públicos los procesan cuando ya no fungen en sus cargos y es un problema que no se ha resuelto. Así como, la eliminación de la “Partida Secreta”, que consideró se ha comprobado que “es el mecanismo utilizado para crear estructuras de corrupción bastante amplias y de reparto de dinero”.
En cuanto a la fiscalización institucional, López señaló el logro de la Ley de Acceso a la Información, que estableció principios de integridad y superó anteriores visiones que la “información pública era secreta”, esto permitió dar un paso a la transparencia, aunque faltaba su fortalecimiento.
“En los últimos meses ha habido obstáculos y restricciones por la pandemia del COVID, que ha significado mayor dificultad para acceder a información pública. Esto se ha dado, también en una tensión y conflicto entre órganos del Estado. La medida de despidos de familiares de funcionarios del gobierno anterior ligados al FMLN, pero en paralelo, el nuevo presidente Bukele inició este gobierno con familiares y amigos en cargos claves, es una medida contradictoria, porque se criticó el nepotismo y se ha continuado en esa práctica”, indicó López.
Después, se suprimió la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción y no se creó un mecanismo alternativo para dar cumplimiento y seguimiento a las políticas en este tipo de temáticas, porque ya estaba nombrado un comisionado contra la corrupción. El acceso a la información está restringido. Así como, el intento de injerencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública, a través de la elección de comisionados, cambios de fechas para la elección de los comisionados y la exclusión de organizaciones que participan en el IAIP.
“Ya han aparecido casos de conflicto de intereses, como el director de Centros Penales y su viaje a México; el caso de la comisionada Presidencial, que sus familiares obtuvieron beneficios de Bandesal, el uso discrecional de fondos reservados; el pago de sobresueldos y los nombramientos dobles de funcionarios que en sus plazas técnicas obtienen mayor salario”, resumió López.
Con relación a la atención de la pandemia COVID-19, López resaltó el “esquema opaco” que se ha utilizado en donde los recursos financieros fueron atendidos a través de préstamos, canalizados a través del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres, en donde el uso y erogación de los fondos no pasan por los votos de la Asamblea Legislativa, lo que da discrecionalidad al ministro de Hacienda y Gobernación de utilizarlos.
“Esos recursos de FROPOMID no aplica la LACAP; es decir, no solo no hay competencia, sino que aplican criterios para los contratos, exclusiones para que los funcionarios no sean contratistas del Estado.
Los efectos de la corrupción no solo se trata del desvío de fondos, sino también con las decisiones de los funcionarios, que dejan de corresponder al interés nacional, se distorsionan y en esa medida los agentes del Estado comienzan a vulnerar o violar de manera sistemática los derechos humanos de la población.
