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Yaneth Estrada
@caricheop
Luego del anuncio de la Presidencia de crear una patrulla fronteriza, organizaciones de derechos humanos y analistas han dado sus valoraciones al respecto. Para el sociólogo de la UES y especialista en métodos de investigación, Rafael Paz Narváez: Estados Unidos ve al Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) como el ‘patio trasero’ y las patrullas fronterizas son un pretexto para afianzar un control territorial, bajo el argumento del control de las drogas.
“El objetivo de esta acción, considerando que Estados Unidos ya tiene dos bases militares (en Miraflores, Zacatecoluca y la Base Aérea de Ilopango para asistencia técnica con radares), sería una presencia militar directa para contener la migración irregular”, detalló.
Agregó que el asunto de la droga es una “falacia”, porque EE. UU. ya tiene cerca de diez años tratando de impedir la producción y exportación; y lejos de disminuir el problema, cada vez va en aumento. Cabe destacar que Estados Unidos es el primer consumidor de droga en el mundo, con un mercado de 72 millones de consumidores mayores de 12 años y ganancias que rondan los $100,000 millones anuales.
Narváez consideró que este tipo de convenios perjudica la soberanía de los pueblos. “De hecho tenemos una Presidencia de la República que juega a una política de Estado, subordinado completamente a los intereses de la potencia de Norteamérica, que no tiene el menor decoro. Esta es una característica de esta gestión, que no se detiene a examinar los procedimientos legales a seguir; es decir, esta dispuesto a violar el marco legal a nivel nacional e internacional, amparándose en la supuesta popularidad que tiene, cuando un tema de este tipo necesitaría ser discutido a nivel de Centroamérica”, recalcó.
El mandatario salvadoreño confirmó recientemente el funcionamiento de patrullas fronterizas entre El Salvador, Honduras y Guatemala, con apoyo de Estados Unidos, para detener el tráfico ilegal de personas. El ministro de Seguridad Rogelio Rivas informó, “El Salvador patrullará puntos ciegos de las fronteras para prevenir el tráfico ilegal de personas” y contará con más de 350 oficiales fronterizos, distribuidos en los puntos ciegos identificados por las autoridades.
Para Cecilia Medrano directora Regional de Programa de CRISTOSAL esto representa: “una preocupación a la prevalencia de una visión militar y de securitización de las fronteras en la región Latinoamericana, a partir de una exigencia de controlar y disminuir flujos migratorios de carácter irregular”. “Ese tipo de acciones han demostrado en ejercicios anteriores, que no dan resultados específicos, pues no se atacan las causas reales de la migración irregular. También se ha demostrado en experiencias similares anteriores, que incrementan las violaciones a derechos humanos contra personas migrantes, criminalizando la migración irregular y generando procesos que a la larga, causan más dolor y no disuaden la migración y los flujos migratorios”, dijo.
Criminalizan al migrante
Narváez explica que el riesgo con este tipo de convenios, que se dan con presión (aumento de aranceles) del presidente estadounidense Donald Trump, primero con México y luego con Guatemala, buscan criminalizar al migrante y generan persecución, cárcel, secuestros y masacres. Esto sin tomar en cuenta factores de exclusión, pobreza, falta de oportunidades, empleo, educación, salud y otros. “México ha sido testigo de al menos cuatro masacres entre 2010 y 2015, dos en San Fernando (Tamaulipas), una en Cadereyta (Nuevo León) y otra en Güemes (Tamaulipas).
