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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Fray Armando González Villatoro, responsable y coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de Centroamérica, Panamá y de la Fundación de la Santa Cruz en Haití (JPIC), celebró la decisión de los procuradores de Guatemala y El Salvador de investigar los proyectos de minería metálica en aguas transfronterizas, en el marco de la Convención Universal de Derechos Humanos (ONU).
En el salón de honor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade firmó junto a Raquel Caballero de Guevara una Carta de Entendimiento para fortalecer las capacidades de ambas instituciones, en atención al tema de “Empresas y Derechos Humanos”.
La firma de la Carta de Entendimiento culminó con la reunión de representantes de los colectivos JPIC, CRIPDES, Madre Selva y ACAFREMIN, con quienes se resolvió conjuntamente integrar comisiones binacionales de las procuradurías y organizaciones sociales, para abordar el tema de la minería metálica en aguas transfronterizas. Los Principios Rectores de la ONU, sobre empresas y los derechos humanos fueron aprobados en consenso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el 2011, que define las responsabilidades de las empresas en el respeto a los derechos humanos de la población y hacer frente a las consecuencias de terceros, al ejecutar sus operaciones mercantiles en esos territorios.
“Hemos tenido acercamientos tanto con organizaciones de El Salvador y Guatemala, es un día especial porque dentro de esta reunión con ambos procuradores, Jordán Rodas y Raquel de Guevara, se tomaron algunas medidas donde van a tener una mesa para que ambos países compartan y solucionen la problemática”, dijo Fray Armando González.
Igualmente, Fray González, expresó su preocupación que el tema de la minería, que es una amenaza latente, no ha jugado un papel preponderante, y por lo contrario se ha tratado de criminalizar al movimiento social y los defensores y defensoras de derechos humanos por exigir sus derechos o resistir a proyectos en sus territorios.
“El agua transfronteriza que viene de las cuencas de Guatemala, para caer al lago de Güija en El Salvador, sería para nosotros la violentación del derecho humano al agua si la contamina el proyecto minero Cerro Blanco. Y desde el 2008, con El Salvador, venimos trabajando sobre este tema. Porque ninguno de los gobiernos, ni sus legislaturas, han retomado el derecho humano al agua o decretado una ley general de aguas, pese al bien que haría a las sociedades guatemalteca y salvadoreña”, consideró el religioso.
Mientras, los discursos de los procuradores fueron enfáticos en reconocer la labor de las organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos, por garantizar el recurso natural del agua para la población.
Raquel Caballero de Guevara señaló en su intervención estar en la disposición de eliminar cualquiera de las problemáticas u obstáculos que enfrenta la sociedad civil organizada en la defensa del derecho humano al agua.
“Vamos a crear un mecanismo de atención y si es posible, diría un protocolo de atención, estamos con toda la disposición de dar apoyo a los defensores de derechos humanos. Y como la PDDH de El Salvador y Guatemala, sabemos que es una situación que ha acarreado vidas y la situación es más grave de lo que se puede pensar, ya que se avecinan nuevos proyectos mineros que afectarían la salud y los derechos humanos de personas en El Salvador, al contaminar los recursos vitales para todo el país”, expresó la funcionaria salvadoreña.
En cuanto a las declaraciones de los representantes de las organizaciones sociales, fueron consideradas por los procuradores como una “alerta”, para evitar el surgimiento de conflictos socioambientales, con empresas de carácter extractivo de los bienes naturales y colectivos.
Jordán Rodas, defensor del pueblo guatemalteco, reiteró el compromiso de su institución para acompañar y compartir con la sociedad civil organizada, líderes comunitarios y pueblos indígenas, las problemáticas que les aquejan en sus territorios. “El informe que se ha hecho del proyecto minero Cerro Blanco, sabemos del peligro que corren las poblaciones de ambos países. Y de concretarse la contaminación en el río Lempa que nutre de agua en la hermana república de El Salvador, y claro cada quien desde nuestra competencia y dentro del marco legal. Tenemos plena disponibilidad de estar presentes en esta jornada que comienza con la temática del río Lempa, a fin de proteger los derechos humanos de los salvadoreños y guatemaltecos”, puntualizó Rodas.
