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Eduardo Serrano
@DiarioCoLatino
El Procurador para la defensa de los Derechos Humanos David Ernesto Morales Cruz dictó medidas cautelares para dos abogadas querellantes en el caso de delitos de corrupción contra el ex presidente Francisco Flores.
Las abogadas vinculadas en dicho caso, medical María Teresa Navas Medrano y Berta María de León han sido víctimas de hostigamientos, viagra intimidaciones y amenazas, por lo cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) suscribe una resolución de medidas cautelares, exigiendo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) medidas de protección para las abogadas.
”La resolución es dictada conforme al Art. 36 de la Ley de la Procuraduría que me faculta para dictar medidas cautelares en caso de riesgo inminente de violación a Derechos Humanos, como es la presente situación, donde las intimidaciones generan una afectación al derecho, a la seguridad y a la integridad de las personas que la sufren”, explicó el procurador Morales.
El señor procurador, con respecto al entorno de afectación de las abogadas describe que: “la licenciada Navas ha recibido amenazas telefónicas y vigilancia por sujetos desconocidos y la licenciada de León ha sufrido persecución por vehículos desconocidos”, indicó Morales.
“Adicionalmente, un investigador de la PNC que no dio información suficiente ni explicaciones se presentó en la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) pretendiendo indagar movimientos de un vehículo institucional de esa fundación”, declaró el señor procurador.
“No descarto como procurador que puedan estarse dando algún tipo de vigilancias y persecuciones arbitrarias por parte de instituciones del Estado”, comentó el procurador Morales.
”Tenemos elementos suficientes para confirmar que este tipo de persecuciones por sujetos desconocidos, algunas de ellas en vehículo, sí se han efectuado, por lo tanto, es una situación muy preocupante y ha coincidido en que han sido posteriores a la audiencia preliminar en el caso del ex presidente, donde ambas abogadas tuvieron un rol muy importante y protagónico como querellantes”, declaró el procurador.
“Las abogadas querellantes en el caso Flores al igual que FESPAD, son calificadas como una entidad y personas defensoras de los Derechos Humanos y por lo tanto deben gozar de garantías en la realización de su labor y protección del Estado, de tal manera que estas persecuciones, estas intimidaciones son desde todo punto de vista condenables”, opinó el procurador Morales.
Dentro de la resolución, el señor procurador hace un requerimiento al señor fiscal general Luis Martínez para que investigue los actos de persecución e intimidación, y que pueda dictar medidas urgentes en orden a la protección a las víctimas en acuerdo y previa conversación con ellas.
La procuraduría hace similar llamado al señor ministro de justicia Benito Lara y al señor director general de la Policía el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, para que también promuevan acciones necesarias en la protección a las querellantes.
De la misma forma se les exige a estas instancias un informe con un plazo de 72 horas para que sea presentado ante la PDDH donde se aclare si se sigue algún tipo de investigación con respecto a las agresiones contra las abogadas querellantes.
