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@OscarCoLatino
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, buy viagra David Morales, presentó una resolución ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que declara que se “violentó el derecho a la justicia”, en el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas.
Morales explicó que la PDDH considera que se violentó el derecho a la justicia “al favorecer con impunidad y evitar la captura de los imputados en el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas”.
Hace cuatro años la CSJ dictó una resolución para evitar el cumplimiento de una orden de detención internacional en contra de algunos altos jefes militares salvadoreños involucrados en la masacre de los sacerdotes.
Asimismo, en agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional de la CSJ dictó una sentencia en la que declaró que la decisión de la Corte Plena de 2011 “desnaturalizó las funciones de la Corte Plena y que las órdenes de captura, son órdenes de captura y no órdenes de localización”, explicó Morales.
El procurador indicó que la resolución de la Sala de lo Constitucional “me lleva a declarar que la Corte en Pleno violentó el derecho de acceso a la justicia en perjuicio de las víctimas, familiares y comunidad religiosa y académica afectada por el crimen de los sacerdotes jesuitas”.
La PDDH pidió a la actual Corte Plena que revise la decisión tomada en 2011, que la deje sin efecto, además de que reanude a la brevedad posible la colaboración con la Audiencia Nacional de España.
Dicha Audiencia, juzga el caso de los sacerdotes jesuitas por “actos de terrorismo”. Por lo que para Morales, es “insólito que en El Salvador, nuestra Corte Plena tenga en firme una decisión que favorece a responsables de actos de terrorismo”.
El procurador Morales agregó que “la masacre de los padres jesuitas y sus dos colaboradores es una grave violación a los Derechos Humanos, al derecho internacional humanitario, pero también constituye un acto de terrorismo por el cual la cúpula militar de aquel momento siguen siendo procesados en España”.
Algunos de los militares involucrados en el caso son: los generales Rafael Humberto Larios, Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Bustillo, entre otros.
