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@BeatrizCoLatino
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amplió y aclaró ayer su resolución sobre la medida cautelar de la participación de funcionarios públicos en la campaña electoral, site health tras conocerse que el país desarrollará una segunda vuelta con miras a la presidencia.
La Sala aclaró que la resolución que prohibe que funcionarios públicos hagan proselitismo partidario incluye a todos los “funcionarios públicos, viagra sin excepción alguna”, pharm es decir, alcaldes, diputados, ministros, órgano legislativo y judicial.
De acuerdo a los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sídney Blanco, Rodolfo Gonzáles y Eliseo Ortiz, los funcionarios públicos tienen prohibido participar en actividades relacionadas con la política partidista, prevaliéndose del cargo público, especialmente en lo que se refiere a actividades de campaña proselitista.
Sin embargo, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, explicó que la institución analizará si la disposición del bloque de los magistrados Constitucionales no atenta contra los derechos políticos y libertad de expresión.
“La resolución puede ser restrictiva del ejercicio de las libertades políticas y de la libertad de expresión y la libertad de expresión no debe de tener censuras y restricciones. Son los abusos los que se deben de normar”, explicó el procurador.
Advirtió que la ampliación de la sentencia y sus medidas cautelares será sujeta a estudio y luego la PDDH brindará un informe final.
Asimismo, la sentencia uno de sus apartados, además, resalta: “Aprovecharse de un permiso o licencia para hacer campaña o política partidista, en fraude a la Constitución”. Este apartado podría ser una prohibición expresa para que la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, vuelva a pedir permiso para participar en la campaña de segunda vuelta.
Hasta, en estas elecciones, Vanda Pignato ha sido la única funcionario que pidió permiso, de forma legítima y legal, para dedicarse a la campaña proselitista.
En otras ocasiones, los funcionarios solo se ponían el chaleco y se metía a la campaña, sin que les descontaran el salario por ausentarse.
Vanda Pignato pidió permiso al Presidente Funes, el pasado 20 de enero, y se le venció el 3 febrero. La licencia admitida por el mandatario fue para apoyar abiertamente a la fórmula presidencial del FMLN.
Sin embargo, Jackeline Rivera diputada del FMLN, dice que la sentencia no menciona nombres y que esperan no sea una limitación directa para la Primera Dama.
La diputada del FMLN explicó que como partido “disienten” la sentencia, pero, la van acatar.
“Siempre lo hemos hecho. Hay cierta colisión de derecho, de derecho humano a que se te proteja, de que tus recursos deben de ser bien administrados y no ser usados a favor de un partido político, y el derecho humano de expresarse, de que nadie puede ser limitado a expresar su opinión, pero la vamos acatar en los términos que viene”, explicó.
Mientras que el presidente del COENA, Jorge Velado, aseguró que tanto alcaldes y diputados de ARENA acatarán la medida, porque siempre han sido respetuosos de la ley.
“Nos alegra que quede clara la interpretación y esperamos que el señor presidente y los funcionarios de su gobierno dejen de estar haciendo la campaña, que han estado haciendo”, criticó el dirigente arenero.
En la sentencia los constitucionalistas indican que con la medida cautelar decretada se retoma “esencialmente las expresiones que en el art. 218 Cn. presentan una considerable amplitud e indeterminación, como prevalecerse del cargo público y actividades político partidarias”.
“Aunque el alcance de las mencionadas expresiones serán analizadas con mayor profundidad en sentencia definitiva, la Sala debe asegurar que la resolución emitida contenga una determinación suficiente de los supuestos comprendidos por ella”, indica la resolución.
Asimismo, aclaran que en la demanda presentada hicieron referencia solo al “Órgano Ejecutivo”, sin embargo, fundamentaron su petición en el carácter público, imparcial, objetivo y orientado al bien común de las funciones asignadas a los servidores estatales.
“Por tal motivo, la medida cautelar adoptada en este proceso no solo comprende a los funcionarios del Ejecutivo, sino también a los de las instituciones autónomas, municipios, Órgano Legislativo y Judicial”, apuntan,
con la salvedad que los candidatos tanto del FMLN, Salvador Sánchez Cerén como Oscar Ortíz; el candidato de ARENA Norman Quijano, tienen luz verde para la propaganda electoral, a pesar de ser funcionarios públicos y que han solicitado permiso temporal.
“La Sala reconoce que la prohibición de prevalerse de la condición de funcionario o empleado público para hacer política partidista no se aplica a los propios candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular, en el contexto específico de la campaña electoral respectiva, pues únicamente respecto de ellos, los artículos 72 ord. 3° y 81 de la Constitución contienen un permiso o autorización específica que descarta o excluye el supuesto de infracción al art. 218 Cn” , razonan.
Además, puntualizan que se “ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que disponga lo necesario para garantizar el cumplimiento efectivo e inmediato de esta resolución.
