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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), invitó a las y los legisladores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a discutir y dictaminar la creación de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, antes del proceso electoral del próximo año.
“Por eso estamos insistiendo en presentarlo antes que inicie la campaña electoral que es el 4 de enero, aunque ya sabemos que existe un escenario previo, por eso insistimos que en el 25 Aniversario de los Acuerdos de Paz y del año de la Cultura de Paz (iniciativa de PDDH) se apruebe este marco jurídico”, afirmó.
Las declaraciones de la funcionaria se dieron en su pronunciamiento en apoyo al Anteproyecto de Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, que fue presentada el pasado 30 de agosto del presente año, en la Asamblea Legislativa, con el fin de resarcir a esta población, la mayoría Adultos Mayores por las atrocidades y abusos de los que fueron afectados por acciones de represión desde el Estado.
Al citar la recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad en materia de reparación en marzo de 1993, y la sentencia de la Sala de lo Constitucional de derogación de la Ley de Amnistía, el pasado julio de 2016, la procuradora afirmó que era obligación del Estado buscar fondos financieros y generar otras acciones para honrar la memoria de víctimas y sobrevivientes.
“Vamos a dar seguimiento a nuestro pronunciamiento y vamos a pedir una audiencia en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que antes de finalizar este año, se haya podido aprobar esta ley de reparación y que todos los partidos políticos den esa muestra de buena voluntad”, acotó. Sobre el número de víctimas que contabiliza la PDDH que asciende a las seis mil personas, la tutelar de derechos humanos reiteró que se busca una atención integral que incluye salud, ayuda psicológica, reconocimiento como víctimas y aporte económico sin una cifra específica, salvaguardando el derecho a las víctimas a ser indemnizadas por sus pérdidas materiales durante el conflicto armado y financiamiento.
“Destacó la deuda estatal histórica que en materia de conocimiento de la verdad, garantía de acceso a la justicia y reparación a las víctimas, aún se encuentra insoluta.
Por eso, pido que apoyen acciones legislativas complementarias, para saldar esta deuda histórica del Estado salvadoreño, con su población en general y en particular para las víctimas del conflicto armado.
Así como el reconocimiento, del día 30 de agosto como Día de la Persona Desaparecida Forzosamente del Conflicto Armado”, puntualizó.
