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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El procurador para la defensa de los derechos humanos, José Apolonio Tobar, inauguró en Meanguera, Morazán, las jornadas de socialización de resultados de consulta con víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante conflicto armado. Con esto se busca explicar el contenido del anteproyecto de ley de justicia transicional que la PDD presentó en la Asamblea meses atrás.
Apolonio Tobar llegó hasta el caserío El Mozote, donde “mostró” el compromiso de la PDDH con las víctimas del conflicto armado. Habrá que recordar que El Salvador atravesó por un conflicto armado entre 1980 a 1992 entre una fuerza opresiva estatal y fuerzas guerrilleras a nivel nacional. Solo en El Mozote del 10 al 12 de diciembre de 1981 fueron asesinados por el ejército cerca de mil personas, en su mayoría niños.
“Ahora iniciamos una serie de actividades que vamos a desarrollar a nivel nacional, en el contexto de la devolución a las víctimas y familiares del conflicto armado. El resultado que hubo de la consulta que en el 2020 realizamos para llevar adelante la elaboración de un proyecto de ley de justicia transicional, ahora empezamos a explicarle a los familiares y víctimas del conflicto armado el contenido del anteproyecto de ley que hemos presentado a la Asamblea Legislativa”, detalló el funcionario.
EL 14 de febrero de este año, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el titular de la PDDH presentó una propuesta de justicia transicional elaborado por la propia PDDH.
Tobar mencionó que este anteproyecto de ley recoge “el sentir y pensar” de las familias y víctimas del conflicto armado. El marco normativo “contiene los elementos de verdad, justicia, reparación y garantías no repetición”.
La consulta realizada por la PDDH en 2020 surgió ante la falta de respuestas del Estado a las problemáticas y exigencias que los mismos venían realizando. Tobar detalló que la institución “sistematizó los resultados de las consultas realizadas” para convertirlos en un anteproyecto de ley.
En ese anteproyecto de ley presentado se solicitó la prohibición de todo tipo de homenaje a personas violadoras de derechos humanos en el contexto del conflicto armado, y toda acción que niegue los hechos acontecidos.
También solicitó la creación de un museo de memoria de acceso público, la declaración de sitios protegidos y lugares de memoria histórica, acceso y custodia de todos los archivos vinculados al conflicto armado y la creación de juzgados especializados para procesar los delitos.
En el momento de la presentación de la ley, Tobar mencionó que buscan una ley que investigue la responsabilidad de los hechos ocurridos en el pasado. “Queremos reconstruir lo dañado y responder a las víctimas”.
El anteproyecto de ley cuenta con siete ejes de trabajo: centralidad de las víctimas, Igualdad no discriminación, género e interseccionalidad, participación de las víctimas, debida diligencia, colaboración armónica y el cumplimiento progresivo en la asignación de fondos.
En esa misma presentación, el procurador Tobar propuso a la Comisión de Justicia que se declarare cada 15 de marzo como “Día de las Víctimas”, en reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, que presentó su informe dicha fecha en 1993.
También, la PDDH propuso crear un Concejo Nacional de Justicia de Transición, que estaría encargado de ver los temas relacionados a las obligaciones del Estado en cuanto a la verdad y reparación.
Este consejo estaría conformado por 12 integrantes, cinco ministerios, cinco asociaciones de víctimas y dos de comisiones nacionales de búsqueda. Tendría la tarea de ejecutar medidas en favor de las víctimas, como la creación de una dirección nacional de memoria histórica, de datos genéticos o un registro nacional de víctimas entre otras.
Esta iniciativa, al igual que otro anteproyecto de ley de justicia transicional presentado por organizaciones, se encuentran en los archivos de la Asamblea Legislativa.
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