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El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, prescription David Morales, try expresó su preocupación por la violación a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares que se encuentran irregularmente en Estados Unidos. Esto, health ante el anuncio de una serie de deportaciones realizadas al inicio de año por Estados Unidos, impulsadas por el Departamento de Seguridad Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Las detenciones y deportaciones masivas pueden atentar contra derechos reconocidos en instrumentos internacionales de protección tal como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas, la cual expresa que las personas migrantes no serán sometidos ni individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca”, explicó Morales.
El procurador aseguró que “los operativos realizados por las autoridades migratorias de Estados Unidos no se extienden a la detención de personas que no posean órdenes judiciales de deportación y que en los procedimientos realizados se garantice el debido proceso”. Además, hizo un llamado para que que las autoridades respeten los principios internacionales de garantía de los derechos humanos: el respeto a la unidad familiar y las necesidades de protección internacional de las familias; así como brindar un trato digno a las personas, especialmente cuando se trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes, sobre todo, cuando hayan sido separados de sus familias.
Asimismo, Morales espera que no se afecte a familiares que han migrado a causa de la violencia, “pues su deportación podría poner en grave riesgo sus vidas al retornar a sus países de origen”.
Un problema de seguridad nacional
De acuerdo a Morales, el abordaje del fenómeno migratorio de ser como “un problema de seguridad nacional”, que sólo genera en los países de tránsito y destino políticas migratorias que tienden a criminalizar a la persona migrante, generando violaciones de los derechos humanos, sin resultados efectivos para prevenir y disminuir la migración irregular que el año pasado registró 79 mil 300 arrestos en Estados Unidos.
Asimismo, que este tipo de enfoque “securitista” de la migración, en el pasado ha afectado derechos humanos de las personas migrantes no sólo en los Estados Unidos , sino también en México, desde donde se producen igualmente cada año deportaciones masivas hacia Centroamérica.
El Procurador aboga y acompaña las iniciativas regionales que, desde la perspectiva de la responsabilidad compartida, buscan impulsar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos y la búsqueda del desarrollo de condiciones dignas de vida que prevengan la migración en los países de origen.
En este sentido, reitera al Estado salvadoreño su recomendación de proveer apoyo presupuestario suficiente al Consejo Nacional para la Protección de las Personas Migrantes y sus familias (CONMIGRANTES), entidad con mandato de ley para impulsar políticas integrales de reinserción para las miles de personas deportadas, pero que hasta hoy ha carecido de respaldo financiero.
Finalmente, el Procurador reconoce positivamente que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador están realizado acciones tendentes a informar sobre sus derechos a la población salvadoreña en los Estados Unidos, así como activado la red consular salvadoreña en aquél país, con el fin de brindar servicios de atención y protección a las familias afectadas.
Viceministra realiza visita de trabajo en Texas
Por otra parte, la Viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, realiza una visita de trabajo en Texas, en los Estados Unidos, a fin de dar seguimiento a la situación de los compatriotas migrantes irregulares, que se han visto afectados por las detenciones que las autoridades de inmigración de ese país, llevaron a cabo este 2 y 3 de enero del presente año.
La agenda de trabajo inició en la ciudad de MacAllen, donde la funcionaria se reunió este 4 de enero, con los cónsules del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) para compartir información sobre esta problemática común que están enfrentando, y donde reafirmaron el interés de los respectivos gobiernos, de velar porque se garantice el debido proceso legal para los connacionales y sean respetados los derechos humanos en cada caso.
El 5 de enero, la viceministra Magarín desarrolló entrevistas con las unidades familiares salvadoreñas que se encuentran albergadas en el Centro de Detención de Dilley, ubicado al sur de Texas, el cual es administrado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a fin de verificar “in situ” las condiciones en que se encuentran y brindando orientación ante posibles deportaciones, tal como ha sido instruido por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
El gobierno salvadoreño ha reiterado a los connacionales migrantes irregulares, que ingresaron a la referida nación norteamericana desde enero de 2014 y tienen una orden judicial de deportación, que se comuniquen al consulado más cercano para recibir asesoría oportuna al respecto. Esta jornada de trabajo concluirá el próximo 7 de enero, y la viceministra está acompañada por la directora general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, Tania Camila Rosa.
