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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se pronunció en el “Día del Niño”, momento en el que reconoce que hay avances significativos en la defensa y respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia, no obstante, hay dificultades que deben ser solventadas por el Estado salvadoreño.
Ricardo José Gómez, procurador en funciones, destacó que en el ámbito normativo, con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), se constituyó el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y se implementó la Política Nacional, cuyas directrices de acción y coordinación están enfocadas a garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El procurador aplaudió que se registre una disminución de la tasa de mortalidad infantil en niños y niñas menores de 5 años, en un 27.6%, durante los primeros cinco meses de este año en relación con el registro de 2016.
En cuanto a la educación, el procurador en funciones “reconoce la prioridad que se le ha dado a la educación inicial con los Centros de Desarrollo Infantil; sin embargo, pese a la implementación del Plan Escuela Segura, resulta preocupante el nivel de deserción escolar que se da en la zona tanto urbana como rural debido al fenómeno pandilleril y al control territorial que ejercen estos grupos. Asimismo, el escrito establece que las condiciones de pobreza en las que se encuentra la mayoría de la población y la violencia social afectan las posibilidades de acceder a un verdadero desarrollo integral.
Según registro de la PDDH más de 177 mil niños, niñas y adolescentes de nuestro país cuentan con la carencia de seguridad física, de una vivienda con servicios básicos de agua potable y electricidad, fomentan el trabajo infantil e impiden que estos obtengan un grado educativo que luego les permitirá una inserción laboral.
Ante esta situación, el procurador en funciones exige al Gobierno central que adopte las medidas necesarias para asegurar el respeto y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.
Lo anterior, tomando como marco rector las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y las recomendaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño emitió en el monitoreo y evaluación de la aplicación de la CDN en el país. También, pidió a la Corte Suprema de Justicia que brinde todo el apoyo necesario para que los jueces y juezas especializados de niñez y adolescencia, a través de sus funciones, garanticen efectivamente y en una correcta interpretación el enfoque de derecho que contribuya al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
