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Red Informativa de ARPAS
Foto: Vanguardia El Salvador
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió que las reformas a la Ley de Telecomunicaciones presentadas por el Ejecutivo se enfoquen en la democratización del espectro radioeléctrico y en el ejercicio de los derechos de expresión e información de la población.
En un comunicado publicado esta semana, el procurador Apolonio Tobar exhorta a la Comisión de Economía a que las reformas aseguren “el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación: público privado y comunitario” una “distribución equitativa del espectro radioeléctrico”, “mecanismos democráticos para la asignación de frecuencias” y que “se tenga en cuenta el impacto social de la comunicación comunitaria para grupos poblacionales vulnerables particularmente en zonas rurales de difícil acceso y/o a merced de eventos climáticos catastróficos”.
La PDDH también pide que los diputados y diputadas escuchen la opinión de los sectores público, privado y comunitario de los medios de comunicación; así como también de las organizaciones académicas y sociales vinculadas al tema.
El pronunciamiento hace eco de la postura de ARPAS y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) que han expresado preocupaciones sobre algunos aspectos de la propuesta de reforma, entre estos la mezcla o confusión de la subasta y el concurso que, a pesar de ser mecanismos distintos en su forma y objetivo, son abordados de manera conjunta en varios artículos de la reforma.
ARPAS y ReDCo también critican la aplicación del requisito de “calidad técnica” a las estaciones de radiodifusión, pues éste es exclusivo para las empresas telefónicas que brindan servicios pagados a usuarios; así como también la incorporación de la condicionante de “viabilidad jurídica” en procedimientos que son estrictamente técnicos.
Para los medios comunitarios y organizaciones sociales, la actual propuesta de reformas podría representar un retroceso con respecto a las aprobadas en mayo de 2016 que incluyeron el reconocimiento legal de los medios comunitarios, el concurso público como mecanismo para asignar frecuencias sin fines de lucro y actualizó la ley de diversos aspectos administrativos, financieros y técnicos.
Por tanto, piden a la Asamblea generar “un diálogo abierto, plural e incluyente con todos los sectores involucrados” a fin de “lograr una reforma que elimine los riegos de arbitrariedades, asegure un uso eficiente del espectro radioeléctrico y favorezca la pluralidad y diversidad mediática”.
