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@JoakinSalazar
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), salve David Morales, presentó un escrito ante la comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa, que estudia la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Telecomunicaciones, en la que pide que el tratamiento sea de forma integral.
Para el Procurador, la sentencia de la Sala de lo Constitucional, emitida en julio del 2015, contiene importantes valoraciones sobre el contenido de la libertad de expresión en tanto derecho de todas las personas a contar con medios idóneos y suficientes para difundir libremente sus ideas.
El procurador Morales recordó que meses atrás emitió el “Pronunciamiento sobre la Democratización de las Comunicaciones en El Salvador”, a través del cual declaró que la aplicación general del mecanismo de subasta para la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico constituye una violación sistemática a dichos derechos.
Morales instó a los diputados de la Comisión para que respeten el derecho de igualdad ante la ley de todo ciudadano, al respecto del mecanismo de selección, para otorgar las autorizaciones correspondientes que permitan explotar frecuencias de radio y televisión.
Y es que a juicio de diversos sectores sociales y de derechos humanos, el actual espectro radioeléctrico no es equitativo y justo, debido a que existe aglomeración de medios de comunicación solo para sectores con alto nivel adquisitivo, violando de esta manera la oportunidad de sectores comunitarios o con bajos recursos la oportunidad de explotar el espectro.
“Presten especial atención a los llamados, que tanto la Sala de lo Constitucional como este Procurador han establecido para que la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, que sea respetuosa de la Constitución de la República y del Derecho internacional de los Derechos Humanos que vincula a el Estado de El Salvador”, explicó en su escrito.
Ante esta situación, el Procurador pidió que los diputados tengan en cuenta que el mecanismo alterno a la subasta sea suficientemente “claro” en la ley, que no sea excluyente de los sectores de la comunicación con menor capacidad económica, que estimule la diversidad de medios informativos y comunicacionales, que promueva la pluralidad en la difusión de las ideas para una auténtica democratización de la comunicación.
Además, el procurador Morales solicitó tomar en cuenta a los medios de comunicación comunitarios dentro de las reformas que están planteando los diputados; esto a raíz que los medios de comunicación comunitarios y los medios de comunicación públicos o de propiedad institucional del Estado, han sido excluidos históricamente en perjuicio del derecho de todas las personas a tener acceso a más y mejores fuentes de información.
Por lo cual, Morales explicó “debe tenerse presente que la mayor oferta económica no debe ser el criterio determinante para la asignación de frecuencias, sino que adicionalmente deben tomarse en cuenta aspectos como el debido aprovechamiento de la concesión para los fines sociales, culturales y económicos propuestos, el proyecto comunicativo de cara a las necesidades de cada uno de los sectores de la radiodifusión, y la necesidad de comunicación de un sector determinado de la población”.
David Morales explicó que es necesario que para la elaboración del dictamen final sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones se tomen en cuenta las opiniones de los distintos sectores de la comunicación, la academia, las asociaciones de periodistas y organizaciones sociales, de forma tal que sea el resultado de un ejercicio democrático desde el cual se promueva un debate amplio y participativo.
También, el Procurador externó a los diputados para que tomen en cuenta tratados internacionales y acuerdos de ley internacional para garantizar la democratización de los medios de comunicación.
La comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa tiene un mes para presentar las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, después de que los magistrados de la Sala les otorgaran hasta el 31 de marzo como fecha limite para establecer la reforma. La cual debe contemplar no solo los mecanismos declarados inconstitucionales sino reformas que sean apegadas a derecho, estableció la Sala.
