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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Promover un proceso de evaluación de los planes actuales de seguridad, de forma integral, con la participación de la ciudadanía”, recomendó el Procurador en funciones, Ricardo Salvador Martínez, al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, tras la súbita alza de homicidios en el país en la semana que recién finaliza.
El repunte de homicidios, provocado presuntamente por las pandillas, segó la vida a unas 40 personas la semana pasada, que no solo socavó las estadísticas que ostentaba el órgano Ejecutivo en materia de seguridad pública, sino su millonario y propagandizado Plan Control Territorial, lo que generó la orden del presidente Nayib Bukele, un despliegue de fuerzas combinadas entre la Policía Nacional Civil y el ejército nacional, en los lugares donde sucedieron los hechos y controlar así el estallido de violencia.
En ese contexto, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones, Ricardo Martínez, emitió un pronunciamiento público en el que dejó plasmada su “indignación y rechazo” ante los hechos de violencia, que enlutaron de nuevo a 40 familias y generó zozobra a la sociedad salvadoreña. Y pidió a las autoridades de Seguridad Pública, mayores mecanismos de prevención inmediata para proteger a la población.
“Expreso a la población en general y comunidad internacional mi indignación y rechazo por los hechos de violencia, consistentes en afectaciones al derecho a la vida, acaecidos en la presente semana en El Salvador. Ante tan atroces hechos, manifiesto mi solidaridad y la de todo el personal de la institución que represento, a las familias de las víctimas”, dijo el funcionario.
A partir de los reportes periodísticos, el subprocurador Martínez señaló que tuvo el conocimiento sobre los 10 asesinatos el martes 9 de noviembre y los más de 20, para el miércoles 10 de noviembre y otros homicidios el jueves 11 de noviembre en los municipios populosos aledaños a San Salvador, Soyapango y San Martín, así también Quezaltepeque, San José Villanueva, Conchagua, Ahuachapán y Mercedes Umaña.
“Los citados reportes suponen un incremento a la tasa de 1.7 homicidios diarios que, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), registraba hasta el mes de septiembre de este año, como resultado del Plan Control Territorial (PCT), el cual habría reducido los casos en un 75%”, observó Martínez.
Ante la magnitud de esta situación, el Procurador en funciones manifestó que la afectación a los derechos humanos no solo a la vida de la víctima, sino también a la integridad física y emocional de las familias y sociedad por lo que amerita un “abordaje estratégico”, desde las autoridades del ramo de seguridad pública, con un enfoque no solo de “represión del delito”, sino también al desarrollo y creación de “mecanismos idóneos e integrales en la prevención”, de lo que llamó “intolerables violaciones a derechos humanos”, y resaltó la importancia de un proceso robusto de investigaciones sobre los casos para que no queden impunes.
“La referida alza de homicidios ocurrida esta semana conlleva a que se deben evaluar -de manera periódica- los planes y políticas públicas de seguridad, incluyendo en dicha evaluación la participación ciudadana, de forma que se permita contribuir al planteamiento de soluciones que aborden las condiciones específicas de los territorios, así como también, las causas estructurales de la violencia social”, acotó el funcionario.
Por lo que, dentro de sus facultades constitucionales la Procuraduría de Derechos Humanos exhortó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a que adopte de inmediato medidas de protección de las comunidades y población en general, que son las más vulnerables ante la “ola de graves violaciones al derecho a la vida”, por estructuras criminales.
“Crear e implementar mecanismos de prevención inmediata para evitar más afectaciones del derecho humano a la vida de la población salvadoreña”, acota el pronunciamiento.
En cuanto al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, le demandó “Realizar acciones eficaces de investigación y protección a los familiares de las víctimas de los diversos hechos violentos”.
Y al director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, a unir esfuerzos junto a la Fiscalía en la investigación de todos los hechos de violencia para evitar la impunidad.
“Establecer un plan interno y contingencial para garantizar la seguridad y protección de los miembros de la corporación policial que participen en las diversas investigaciones y operativos de prevención y represión ante la escalada de violencia que lamentablemente se vive”, también recomendó.
“A todas las autoridades mencionadas con anterioridad , en conjunto, coordinar y gestionar multidisciplinariamente esta grave crisis, para alcanzar en el menor tiempo posible y de manera sostenida la seguridad integral y tranquilidad de la población salvadoreña”, señaló.
El procurador en funciones envió un mensaje a la población salvadoreña, en el que reiteró que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) estará vigilante desde su mandato constitucional por un libre Estado de Derecho.
“A la población en general, le reitero el llamado de esta institución a mantener todas las medidas de organización comunitaria al alcance para contribuir a restablecer el tejido social de nuestro país, rechazar la violencia, la polarización, y la conflictividad, todo ello, para caminar por el sendero de una convivencia social en que se concluya con la espiral de violencia que actualmente se vive en nuestro país y definitivamente la cultura de paz que anhelamos todos y todas”, reafirmó el procurador adjunto Martínez.
