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Redacción Diario Co Latino
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Raquel Caballero de Guevara reiteró su apoyo a la Asociación Pro Búsqueda, en su trabajo de encontrar el paradero de la niñez desaparecida durante el conflicto armado en la década de los años ochenta.
Asimismo, hizo un llamado al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén a continuar cumpliendo como lo han hecho, en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país, a fin de fortalecer el trabajo que realiza la organización Probúsqueda.
“Al ministro de la Defensa (David Munguía Payés) a prestar a la actual Comisión Nacional de Búsqueda sus archivos para investigar la desaparición forzada de muchas niñas y niños. En este punto se debe indicar que la falta de colaboración ha sido parte de las principales limitaciones que siempre han existido”, dijo.
En cuanto al trabajo del fiscal general de la República Douglas Meléndez, la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia, la funcionaria demandó que ofrezcan la información que posean para ayudar a la localización de la niñez desaparecida durante el conflicto armado.
Sobre el papel de la Asamblea Legislativa, la procuradora instó a la nueva legislatura que tomará posesión el próximo 1 de mayo del presente año, les invitó a trabajar de manera íntegra y moral, para dar cumplimiento a la Constitución de la República.
“La actual legislatura continúa en deuda, al no haber legislado sobre la Ley de Reconciliación, y dar justicia a las víctimas, así como a la aprobación de la Ley de la Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de carácter permanente , ya que la actual depende del Órgano Ejecutivo y su mandato concluye juntamente con el mandato presidencial”, afirmó.
La Comisión de la Verdad estableció que dicha práctica de desaparecimientos de niños y niñas, que sobrevivieron a este tipo de operativos militares, fueron inscritos con otros nombres, con datos personales falsos, algunos para darlos en adopción fuera de las fronteras patrias, que suman alrededor de 900 casos, según las denuncias presentadas ante la Asociación Pro Búsqueda.
