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@GloriaCoLatino
“Las comunidades enteras están sometidas a la contaminación de sus fuentes de agua, alimentos y la tierra, por el uso indiscriminado de agrotóxicos”, dijo la Procuradora Adjunta, Yanira Cortez, en la presentación del informe sobre uso de los Agrotóxicos en El Salvador desde la Perspectiva de los Derechos Humanos (PDDH), que fue presentado a las organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
“Creemos que el gobierno puede retomar las observaciones que hiciera el expresidente Mauricio Funes al decreto 473, porque es urgente y necesario si queremos asegurar la vida o asegurar la alimentación, se prohíban de forma urgente los agrotóxicos”, sugirió.
“Esto es importante que lo conozca toda la población -usted y yo- estamos comiendo de estos productos contaminados y en un futuro podemos vivir consecuencias. Es un tema de país, un tema que nos está afectando a todos y todas en El Salvador, por lo tanto, debemos ponerle atención, y, sino lo hacemos por nosotros … hagámoslo por nuestros hijos e hijas que se merecen tener un futuro”, acotó.
El informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) gestionado por el exprocurador David Morales, muestra hallazgos relevantes como el alza en los casos de Enfermedad Renal Crónica no Tradicionales (ERCnT) que está provocando fallecimientos.
“En la investigación de la Procuraduría hemos visto el sufrimiento profundo de estas personas, por lo tanto, las instituciones deben seguir trabajando en este tema; como PDDH vemos con optimismo los avances que tuvo el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud que hicieron un trabajo a profundidad donde 46 biopsias estudiadas comprueban la relación entre la Enfermedad Renal Crónica no Tradicional y los agrotóxicos”, apuntó.
Doris Evangelista, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, consideró que luego del informe de la PDDH reafirma de manera contundente que a nivel nacional existe un impacto negativo en la salud humana por la contaminación de la tierra, el agua y el aire.
“Tenemos casos emblemáticos como los de San Luis Talpa u Olocuilta, en el departamento de La Paz; Tecoluca, San Carlos Lempa, en San Vicente; San Francisco Menéndez y Jujutla, en Ahuachapán; Nahuilingo e Izalco, de Sonsonate, y Jiquilisco, Usulután. El país enfrenta un serio problema”, explicó.
Evangelista lamentó que pese a estudios científicos realizados por el Ministerio de Salud, a través del Instituto de Investigación de Salud, aún pesan más, los intereses de sectores económicos y políticos vinculados al agronegocio del monocultivo que se niegan a aceptar esta realidad.
“La utilización indiscriminada de agroquímicos para el cultivo de caña, sobre todo el glifosato, tanto por fumigaciones aéreas como terrestres, causan afectaciones a la salud y el medio ambiento de las comunidades”, sostuvo.
La Mesa por la Seguridad Alimentaria pidió a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, dictamen favorable para la superación de las observaciones al Decreto Legislativo 473, de septiembre de 2013, que contiene reformas a la Ley sobre el Control de Pesticidas, Fertilizantes y productos para uso Agropecuario con la prohibición definitiva de 11 agrotóxicos.
Mauricio Sermeño, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), calificó de positivo el informe de la PDDH que auguró servirá para futuras investigaciones.
“En el mundo hay investigaciones fuertes que apuntan a que los plaguicidas químicos es uno de los problemas más graves, y nosotros como unidad ecológica vemos este problema de forma integral con los agrotóxicos que no solo producen insuficiencia renal crónica, sino también enfermedades como cáncer, malformaciones genéticas y todo esto proviene del uso de estos tóxicos y por supuesto el medio ambiente”, subrayó.
