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@LauraCoLatino
Tras la demanda presentada ayer por múltiples representantes municipales del área capitalina, shop la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunciaría la próxima semana contra la resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ que ordena la abstención de política partidaria para los empleados públicos
De acuerdo al titular de Derechos Humanos, viagra David Morales, look aunque la PDDH no tiene facultades para anular sentencia ni resoluciones judiciales, se enmarca en el propósito de establecer si la Sala violó o no derechos constitucionales y prevenir nuevos abusos en la aplicación de la medida.
La medida será luego que Empleados del Órgano Ejecutivo, Legislativo y municipales interpusieran ayer una denuncia escrita por considerar que la resolución de la CSJ viola los derechos de quienes pertenecen a un instituto político.
“Están planteando algo que no tiene ningún hacedero, hay un decreto ejecutivo ya, que decía que no nos valiéramos de nuestro cargo. Como empleados públicos no podemos ser de otra clase política”
Según lo manifestado por los denunciantes, el fallo estaría “totalmente desenfocado” y estaría dividiendo a la población en dos clases políticas. “No puede abogarse al planteamiento de que ellos decidan quienes pueden participar en política y quiénes no”.
Manuel Martínez, representante de la Alcaldía Municipal de San Marcos, dijo sentirse preocupado de que cuatro magistrado de la Sala de lo Constitucional estén haciendo uso “totalitario, antidemocrático y violatorio a los derechos constitucionales”
Con la medida, dijo Martínez, violentan el articulo 72 de la Constitución de la República, al restringir el derecho a la libre asociación y sobre todo, la libertad de expresión del pensamiento.
“El hecho de ingresar a un partido no es meramente nominal, no se refiere únicamente apuntarse en una lista de miembros, sino que implica poder participar de las actividades del partido, sean estas asambleas, reuniones y por supuesto en las campañas políticas para elecciones”, señaló.
A través del documento escrito presentado a la PDDH, los sectores representados apuntaron que la sentencia de la Sala de lo Constitucional ataca al sistema democrático: “resulta absurdo ingresar a un partido político pero que se le prohíba participar de sus actividades, sobre el pretexto de que ostenta un cargo público”, agrega el documento.
De hecho, Martínez calificó la medida como un acto de represión política sin precedentes. “Como la prohibición es absoluta, se cae en el ridículo que un funcionario o empleado público no podría ni siquiera portar emblemas partidarios, colocar afiches en su casa o automóvil. Representa un ataque artero a la libertad individual”, agregó.
En este sentido, los demandantes pidieron a la PDDH pronunciarse contra la violación a sus derechos. Agregaron que en ningún momento, se han utilizado recursos del Estado para el ejercicio de su política partidaria.
“En ningún momento está en discusión si utilizamos recursos del Estado.
Ahora solo falta que vengan y digan que los católicos y cristianos no pueden votar.
No nos quedaremos callados, en este país no pueden seguirse violentando estos derechos como tal”, reiteró Martínez.
La próxima semana representantes de estos sectores estarían gestionando una reunión con los magistrados de la Sala de lo Constitucional y diputados de la Asamblea Legislativa para expresar su inconformidad por la medida.
Entre las municipalidad representadas estuvo Cuscatancingo, Mejicanos y Ciudad Delgado
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