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Redacción Nacionales
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Saúl Baños, procurador adjunto para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), recibió a integrantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) para dar seguimiento a los casos presentados en ocasiones anteriores.
La PDDH informó que se cuenta con un expediente de investigación con el registro de las verificaciones en cada uno de los centros penales donde están recluidos los exfuncionarios, constatando que han sido atendidas las situaciones de salud presentadas, permitiéndoles el acceso a medicamentos, consultas médicas, e insumos que han necesitado, en especial por las condiciones de enfermedades crónicas que padecen, habiéndose hecho aproximadamente seis visitas durante el tiempo que llevan privados de libertad.
Estas acciones son con base al mandato constitucional de vigilar la situación de las personas privadas de libertad, para salvaguardar su derecho a la vida, integridad personal, salud, entre otros derechos humanos que el Estado debe garantizar.
Acciones como estas han sido ejecutadas por la Procuraduría para con las personas privadas de libertad durante el plan nacional de verificación bajo el contexto del Régimen de Excepción decretado en el país.
El pasado 13 de mayo COFAPPES pidió al titular de la PDDH, Apolonio Tobar, visitar los centros penales donde hay presos con enfermedades crónicas y debido al actual Régimen de Excepción la situación se agrava; además, en los últimos días se han reportado personas fallecidas en las cárceles, por los cuales los familiares de las víctimas han denunciado las malas condiciones en las que se encuentran los detenidos.
COFAPPES señaló que el estado de salud de los presos políticos sigue deteriorándose dentro de las cárceles, como el caso de Violeta Menjívar, algunos presos que tenían revisiones médicas las han perdido, ya que por el Régimen de Excepción no les autorizan salir de los centros penitenciarios. Además, sin la posibilidad que los defensores públicos puedan visitarlos.
La PDDH recomendó a las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como a sus familiares privados de libertad, que como institución están activos en la verificación de los derechos humanos.
Entre los ex funcionarios detenidos se encuentran Calixto Mejía, ex ministro de Trabajo; Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda, y en cárcel de mujeres, se encuentran Violeta Menjívar, ex ministra de Salud y Erlinda Hándal, ex vice ministra de Ciencia y Tecnología, a quienes se les acusa de presunto lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2014. Estas capturas se efectuaron durante 2021.
