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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, junto a representantes del sector académico, se mostraron preocupados por el retraso experimentado en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, respecto a la discusión de la Ley de Aguas.
Raquel Caballero de Guevara, procuradora de Derechos Humanos, consideró impostergable que se retome la discusión de la legislación en materia de recurso hídrico y pidió que se apruebe pronto.
“Consideramos importante que se apruebe a la brevedad posible una Ley General de Aguas que incluya un ente rector con la supervisión de la sociedad civil y, como institución de derechos humanos, también estaremos vigilando su actuación”, dijo la procuradora.
Caballero hizo referencia a los 92 artículos aprobados durante la legislatura 2012-2015 y el anteproyecto de Ley General de Aguas, desestimados en las primeras sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, una iniciativa que apoyaban por considerarla acorde a las necesidades de la población.
“Consideramos que lo más adecuado para la población es un ente rector público de acuerdo a las necesidades y situación del recurso hídrico en el país. Acompañamos, en ese sentido, la propuesta presentada por la Universidad Centroamericana (UCA) y la Iglesia Católica, tendiente a resolver el entrampamiento en el que se encontraba respecto de la institucionalidad”, mencionó la titular de la PDDH.
Integrantes del colectivo que conforma la Mesa Permanente de la PDDH por el Medio Ambiente se mostraron preocupados por la falta de regulación del recurso hídrico en el país y consideraron importante la no politización del tema.
Al respecto, Andrés McKinley, investigador de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, destacó que el debate no es en relación a cinco propuestas de institucionalidad, en lo que al vital líquido se refiere, sino sobre dos enfoques totalmente diferentes.
“El primer bloque promovido por el bloque de partidos de derecha, la gran empresa asociada en la ANEP, de naturaleza privatizadora y que la sitúa como ente rector del agua para priorizar sus intereses en las decisiones sobre el agua; el otro enfoque que promueven las organizaciones sociales, academia e iglesia es de derecho, que ve al agua como bien común, derecho humano administrado de forma pública”, expuso McKinley.
Las organizaciones consideraron que debe retomarse la discusión, legislarse con base en la naturaleza pública del ente rector del recurso y aprobar de manera pronta una ley que privilegie el enfoque de derecho humano por sobre los intereses privados.
