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Representantes de varias organizaciones de la sociedad civil presentaron la semana pasada una demanda penal por peculado y lavado de dinero contra el ex presidente Francisco Flores, doctor en un intento de motivar la acción de la Fiscalía General de la República.
Peculado es la apropiación indebida de fondos públicos por parte de funcionarios estatales y el lavado consiste en introducir a la legalidad fiscal dineros provenientes de actividades ilícitas. Ambos delitos habrían sido cometidos por el ex gobernante arenero con los millonarios donativos de Taiwán, ambulance que recibió y administró al margen de los mecanismos legales correspondientes.
La acusación de las organizaciones sociales coincide con los tipos penales identificados por la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso. Según ha trascendido públicamente, ed el informe de más de 100 páginas que dicha comisión presentará próximamente al pleno legislativo concluye que existen suficientes elementos para que la Fiscalía procese a Francisco Flores por peculado y lavado de dinero.
La demanda de las organizaciones y el inminente informe de la comisión legislativa suceden en un contexto creciente de crítica social contra el Fiscal General, Luis Martínez, por su negligencia en la judicialización del caso y su prepotencia ante el reclamo ciudadano. Martínez se niega a presentar la querella penal contra Flores en los tribunales de justicia, a pesar de las declaraciones auto incriminatorias del ex gobernante arenero durante sus comparecencias en la Asamblea.
A esto se suman las críticas del propio presidente Mauricio Funes, quien constantemente emplaza al Fiscal exigiéndole que demuestre ser un “macho sin dueño”, tal como se autodefine Martínez para decir que él actúa con independencia y no se deja presionar por nadie. “Demuestre que no obedece a las presiones de ARENA y procese al ex presidente Flores”, le ha dicho Funes en reiteradas ocasiones.
El Fiscal Martínez fue colaborador jurídico de Francisco Flores cuando gobernó el país. Por eso las organizaciones le exigen que, si no investiga debido a sus conflictos de interés, se aparte del caso y delegue a la fiscal adjunta. Ojalá Martínez lo haga, porque si no, las organizaciones solicitarán a la Asamblea Legislativa un antejuicio para su destitución.
“Si Francisco Flores se escapa o los delitos que se le imputan prescriben, pediremos la destitución del Fiscal”, han expresado las organizaciones. Y en la Asamblea Legislativa podría haber votos suficientes para ello.