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@BeatrizCoLatino
La pena de muerte en el país puede aplicarse en casos excepcionales de delitos cometidos por militares, physician pero no en delitos comunes, treatment afirmó ayer el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), online Rodolfo González.
El magistrado del máximo tribunal de justicia, explicó que para darle luz verde a la iniciativa de pena de muerte en delitos comunes, se tendría que realizar un proceso largo que incluye reformas a la Constitución de la República.
También, enfrentar consecuencias internacionales por los pactos suscritos por el Estado salvadoreño que rechazan dicha medida, como el pacto de San Andrés.
El magistrado participó como ponente ayer en el debate “El estado de la pena de muerte hoy en El Salvador”, organizado por la Embajada de España y la cooperación española.
La actividad se enmarcó en el día mundial y europeo contra la pena de muerte.
El embajador de España, Francisco Rabena, aseguró que el hecho de invitar a funcionarios de las diferentes instancias del país, es para generar un sano debate del tema.
“A nosotros nos preocupa que en muchos casos, en otros países, cuando la situación de inseguridad se agrava, siempre surgen voces que piensan que hay que volver instaurar la pena muerte y esto nunca a solucionado el problema”, afirmó el embajador.
Agregó que una medida como la pena muerte, es como “intentar apagar un incendio, echando más gasolina al fuego. No es la manera adecuada para combatir la violencia, ni los asesinatos”.
“Creemos que no es una solución abolir la pena de muerte. No es la solución en ningún sitio, lo que hace es agravar la situación, convirtiendo al Estado en un ente que acaba ajusticiando ciudadanos, aunque sea culpable”, afirmó.
Para el diplomático debería de existe una campaña impulsada por los parlamentarios y decir que la “pena de muerte no soluciona nada”.
También dijo que la vía para la solución del problema de la inseguridad son iniciativas como la instauración del Consejo Nacional de Seguridad, que aglutina a todos los sectores del país y que tendrán la responsabilidad de ejecutar acciones para reducir la violencia.
Al debate asistieron Roberto Valent, representante residente de PNUD; Sandra Rivera, de la procuraduría DDHH; Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF; José Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de medicina legal; Yolanda Cativo, técnica de la UE; Betina Pasquali de Fonseca, Embajadora de Argentina en El Salvador.
En el país, el partido GANA promueve que se reforme la Constitución y así aplicar la pena de muerte ante los altos índices de violencia y acedio de las pandillas.
Para Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF, existe una preocupación por este tipo de propuestas de reformasque como es la pena de muerte, ya que el organismo lo ve desde un punto de vista más global.
El representante de la UNICEF consideró que en esto momento lo que está generando una propuesta como la pena de muerte, es una cierta intranquilidad e impaciencia colectiva de que “no se está resolviendo el problema de la inseguridad ciudadana”.
Afirma que el problema de la inseguridad surge de la impunidad, entonces, para poder resolver el tema de la impunidad hay que atacar los procesos judiciales que permiten la impunidad.
La preocupación también se extiende, porque se escuchan propuestas para hacer reformas con bastante profundidad al sistema de Justicia Penal Juvenil, a través de la revisión de la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos advirtió.
“Es decir, juzgar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años como adultos, cuando la Constitución en su artículo 35 es clara diciendo que los niños, niñas y adolescentes deberán ser sometidos a un régimen jurídico especial y ese régimen se define a través de la Convención de los Derechos del Niño y la LEPINA que tiene una serie de previsiones al derecho que tienen los niños”, explicó Lewis.
Advirtió que UNICEF no está diciendo que los niños, niñas y adolescentes deberían de ser absueltos de su responsabilidad, tienen que ser educados a aceptar que han cometido un crimen y un delito, sin embargo, la manera de corregir ese delito, no pasa con una judicialización como un adulto, que podría en el peor de los casos incluir la pena de muerte.
