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@OscarCoLatino
La legislación vigente en el país considera el aborto como un homicidio, prescription por lo que hay casos de mujeres que fueron condenadas a más de 40 años de cárcel, por lo que organizaciones sociales exigen el indulto para 17 de estas mujeres por considerar sus condenas como injustas.
Denis Muñoz, abogado miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, indicó que en la mayor parte de los casos las mujeres fueron condenadas por abortos involuntarios, es decir, que por problemas de salud el embarazo no llegó a su término.
El abogado explicó que las Naciones Unidas recomendó al país analizar las implicaciones de la legislación vigente, para determinar si son necesarias reformas a la misma, en las que se determinaría con claridad los tipos de aborto que serían castigados por la ley.
Muñoz aseguró que “María Teresa”, es muestra de las condenas injustas, esta mujer de 28 años fue condenada a purgar una pena de 40 años de cárcel. Según el expediente judicial, “María Teresa” fue trasladada al hospital 1° de Mayo por sus vecinos, ya que presentó severas complicaciones obstétricas durante la noche.
“Allá deciden denunciarla porque los médicos creen que están obligados a denunciar. La detuvieron en el hospital y fue así como inició el proceso penal, dentro de este proceso las pruebas que se recabaron fueron débiles”, aseguró Muñoz.
David Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, indicó que la institución inició un proceso de verificación de los 17 casos de mujeres que fueron condenadas por procesos de aborto que fueron derivados en procesos de homicidio.
“Presuntamente tendrían graves afectaciones al debido proceso lo que habría derivado en violaciones a los derechos humanos y graves injusticias de los juzgadores en perjuicio de las mujeres”, expresó el funcionario.
Morales agregó que los procesos penales de las denuncias radican en que los procesos habrían sido violatorios en el sentido que prevalecieron estigmas y prejuicios en contra de las mujeres, por lo que las pruebas habrían sido sobrevaloradas.
Representantes de organizaciones sociales coinciden en que estas acciones exponen a las mujeres a una doble victimización, ya que las mujeres deben enfrentar la pena natural, es decir las consecuencias físicas y psicológicas que conlleva la perdida de un embarazo y la pena jurídica, la que consiste en perder su libertad.
