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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El 5 de junio recién pasado, drugstore diversas organizaciones de trabajadores desarrollaron un foro situando en el centro del debate los problemas del sistema de pensiones. Es una buena señal que los trabajadores creen espacios para discutir un tema que directamente afecta a los ex trabajadores ahora jubilados, a los trabajadores activos y a las futuras generaciones de trabajadores. Igualmente el problema afecta a la generalidad de la población, pues es con fondos del público que se hace frente a la enorme e interminable deuda heredada de la privatización de pensiones y por los derechos otorgados a minorías sin el sustento de una base financiera. Lo menos que se debe esperar de estos debates es una apreciación más completa del fenómeno, es un esclarecimiento que cada jubilado y cada trabajador debe tener de la situación general y de su propia situación.
En el informe del Presidente de la República el 1 de junio ante la Asamblea Legislativa, también se planteó el compromiso de buscar un camino para atender y resolver este viejo y complejo problema. Varios centenares de expedientes pidiendo reformas puntuales a las leyes relacionadas al sistema de pensiones se acumularon desde los años 1998 hasta 2009; eso ha llevado a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto a programar el abordaje integral del tema como una de sus prioridades en la legislatura que inició el 14 de mayo pasado.
Nadie discute que la privatización de las pensiones en 1997 amerita una reforma, pero el abordaje pone de manifiesto diferentes posicionamientos políticos que al mismo tiempo reflejan la defensa de intereses. El titular del foro de los trabajadores situaba la pregunta clave: ¿Las pensiones son un derecho o un negocio? Ese enfoque es explicable viniendo desde el verdadero dueño y destinatario de un derecho, pues con poca información se puede sacar en claro que desde 1998 que se aplicó el sistema privatizado, las Administradoras de Fondos de Pensiones y las aseguradoras, han ganado decenas o cientos de millones de dólares, mientras que el Estado ha pagado la mayor parte de las pensiones, acumulando deuda creciente y la mayoría de los trabajadores enfrentan una amenaza permanente.
Una reforma debe orientarse a poner en claro la magnitud y naturaleza del problema, buscar caminos que permitan viabilizar el pago de pensiones de manera sostenible, disminuir el déficit fiscal agrandado por la privatización; generar condiciones en la economía que faciliten resolver los problemas del empleo y su baja remuneración que en tiempos pasados y en el presente son los responsables de las limitaciones financieras de cualquier sistema de pensiones con las consecuentes afectaciones a la vida de la persona trabajadora y su familia.
Debemos reconstruir el camino que nos llevó hasta la forma actual de la crisis de pensiones, empezando por la baja cobertura, pues solo cotiza un 25% de la población económicamente activa; todo el sector informal no cotiza a la seguridad social y existen pensiones de pequeños grupos con un sesgo regresivo, la pensión promedio es de $300 dólares, algunos estudios indican que la insuficiencia de ahorro personal dejaría sin posibilidad de pensión al 62% de los cotizantes.
El sesgo de las pensiones se origina en reformas realizadas en 2003 y 2006 que las hicieron en los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, que se crearon derechos a cotizantes y pensionados, esto lleva a una desigualdad que se agrega a la desigualdad salarial, en 2011 ya era evidente en las proporciones de la masa monetaria que se paga en pensiones; el 90% de las personas reciben el 66% de las pensiones y el 10% reciben el 33% de las pensiones.
El gobierno de Calderón Sol, que fue el iniciador de la privatización afirmaba que el sistema solidario estaba en crisis; en aquél tiempo la cotización era menor. En el sector público se pasó de cotizar el 2.5% del salario por parte del trabajador al 7%, y en el sector privado se pasó de cotizar el 1% del salario al 6.25%; en vez de tener tres aportes, el del trabajador, empleador y el Estado, se pasó a dos aportes, el del empleado y el del empleador. Si tres gobiernos consecutivos del partido Arena privatizaron, se dieron cuenta que no había capacidad de pago y en vez de corregir aumentaron el problema, es explicable que ahora sea un grave problema. La solución requiere de debate que incluya a todos los sectores y todos los puntos de vista antes de tomar las medidas que permitan su sostenibilidad en el tiempo. Por eso es bienvenido el debate de las organizaciones laborales, ojalá esta dinámica continúe y pronto encontremos una solución a la crisis de pensiones.
