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@SilviaCoLatino
“Hay una disputa, incluso, en este momento en Honduras se discute un nuevo Código Penal, y el artículo 3-35B señala que los medios de comunicación y periodistas que den cobertura -por ejemplo- a manifestaciones públicas y den espacio a la gente que convoque a movilizaciones serán acusados de promover terrorismo; y aunque no se ha terminado de discutir y aprobar el código el Congreso Nacional no lo quiere reformar o derogar”, comentó José Peraza, periodista de Radio Progreso de Honduras.
Amenazas de muerte, agresiones verbales o físicas y difamación envuelve el ejercicio periodístico de la región mesoamericana y el Caribe, según los testimonios de varios periodistas que participaron en el Encuentro Regional de Medios de Comunicación Alternativos, propiciado por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).
La gravedad de las circunstancias aumentan a partir de las amenazas y agresiones de parte del Estado, particulares y el narcotráfico.
El padre Jesuita Ismael “Melo” Moreno, director de Radio Progreso, ha sido acusado de múltiples delitos, desde sublevar a la población hasta lavador de activos, por la línea editorial del medio, explicó Peraza quien también han sido amedrentado en su integridad personal.
“Esto es parte de la campaña de persecución de callar a la prensa y coartar la libertad de expresión”, agregó Peraza, al comentar que la toma y cierre de la Universidad Autónoma de Honduras por sus estudiantes, quienes exigen el cumplimiento del reglamento interno en la participación de las decisiones del centro de estudios superiores, mantiene enfrentadas a las autoridades y estudiantado. Como medio de comunicación hemos dado cobertura del hecho, y de forma responsable hemos buscado los argumentos de ambas partes, pero las autoridades universitarias se han negado”, manifestó.
Para Walter Cuc, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), la criminalización y estigmatización de la prensa en su país es fuerte, pero es grave con los comunicadoras y comunicadores indígenas, manifestó.
“El escenario de Guatemala también es grave como en Honduras, hemos venido exigiendo a las autoridades guatemaltecas garantizar el libre ejercicio a la comunicación pero no hay solución. Solo para comentar, el año pasado fueron asesinados 12 periodistas, entonces es un país donde ejercer este trabajo es riesgoso y para los medios populares (comunitarios) como los nuestros que defendemos a la población, el grado de conflictividad en Guatemala es enorme”, expresó.
“Este es un llamado para que los gobiernos de la región garanticen el trabajo de los comunicadores y comunicadoras indígenas. Es tan grave que hasta existe una segregación en el gremio periodístico por su origen indígena. Han cerrado también varias radios indígenas y comunitarias, narró.
Mónica López, periodista de Radio Huayacocotla, México, manifestó que cada 16 horas un comunicador puede ser agredido física o verbalmente, sufrir allanamientos, golpes hasta llegar al asesinato.
“Hace tres días se dio el asesinato de un compañero más, en Veracruz, México, Cándido Ríos, quien se suma a la lista de 10 periodistas asesinados en el país, y en lo que va del año. Y con el asesinato de Cándido se suman 45 periodistas asesinados en el período de gobierno de Enrique Peña Nieto, y de esos 45 asesinatos, 17 se cometieron en Veracruz, en el gobierno de Javier Duarte, gobernador que fue encontrado en Guatemala disfrutando de la vida, después de todo lo que han acusaciones que pesan sobre él”, dijo.
“Tengo la obligación de recordar también a los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa, porque ellos fueron asesinados por ejercer la libertad de expresión, por estar en contra de las dinámicas represivas del Estado por eso fueron desaparecidos y los seguimos buscando hasta encontrarlos”.
Y sin importar que existan mecanismos protección a defensores y periodistas en Honduras y México, las dudas asaltan a sobre la seguridad, afirmaron López y Peraza.
