Tegucigalpa/AFP
Decenas de periodistas hondureños se concentraron frente al edificio del Poder Judicial para exigir la derogación de un artículo del Código Penal que castiga a los comunicadores con pena de cárcel si hacen «apología al terrorismo».
«No al artículo 335-b», gritaban algunos de unos 20 periodistas de diferentes medios de comunicación que se reunieron frente al portón del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital. Otros presentes llevaban la boca tapada con cinta adhesiva.
El recién aprobado artículo 335-b del Código Penal establece que quien «públicamente o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión».
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), con 1.700 afiliados, ha protestado contra ese artículo desde que lo aprobó el Congreso en febrero pasado.
El presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, se reunió con el presidente del Congreso hondureño, Mauricio Oliva, quien prometió revisar la norma.
El no gubernamental Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el periodista Edgardo Rodríguez presentaron sendos recursos de inconstitucional en la CSJ contra la disposición.
«Lo que esperamos es que los recursos de inconstitucionalidad sean resueltos porque el artículo 335-b debe ser derogado», dijo el presidente del CPH durante la protesta.
Aseguró que el artículo «puede ser aplicado en cualquier momento» a un periodista por el simple hecho de informar sobre un incidente que pueda ser tipificado como acto de «terrorismo».
Honduras está catalogado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Un total de 70 comunicadores, empleados o dueños de medios de comunicación han sido asesinados desde el 2003 y el 90% de los casos está en la impunidad.