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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La sala del Juzgado Primero de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, que tiene a cargo el caso de El Mozote, lució abarrotada entre abogados, víctimas y medios de comunicación, la razón era evidente, las antropólogas argentinas: Silvana Turner, Patricia Bernardi y Mercedes Doretti presentaron su informe pericial y científico de las exhumaciones.
Y es que el informe de las antropólogas dejó claro que “las pruebas científicas de balística y antropológicas han definido que fueron alrededor de 24 tiradores, que estaban disparando al mismo tiempo y estaban ejecutando a los niños, es por eso que la trayectoria era de arriba hacia abajo”.
Por lo que para Wilfredo Medrano, abogado acusador de Tutela Legal “María Julia Hernández”, no hay otra explicación para definir las marcas de esos proyectiles en el piso del convento.
Medrano junto a David Morales de Cristosal son los abogados acusadores en representación de las víctimas del caso El Mozote y sitios aledaños que acompañan a la Fiscalía General de la República en la denuncia a un grupo de militares de alto rango, implicados en la “ejecución masiva” de población civil, ocurrida en diciembre de 1981 durante la “operación rescate”.
Para Medrano, las declaraciones de las antropólogas forenses son contundentes al definir el tipo de armas como el fusil M-16, una arma de asalto (disparo selectivo automático o semiautomático) que se conoce que utilizó el Ejército salvadoreño y que tiene manufactura estadounidense.
Con el punto de pericia “Masacre versus Enfrentamiento”, las antropólogas forenses presentaron cada una de las evidencias en la recuperación de los restos óseos, que partieron desde la información de los familiares de las víctimas, que se levantó por cada caserío, para definir en dónde se encontraban los enterramientos o fosas.
Sobre la hipótesis de abogados de la defensa, que el hecho en El Mozote se trató de un enfrentamiento entre las partes en conflicto armado, las cifras presentadas por las antropólogas son rigurosas.
Entre los restos óseos recuperados los rangos de edad fueron: 0–12 años (74%) 13-20 años (11.4%) y 21-40 (16.6%), cuyo proceso fue realizado entre el 13 de octubre al 17 de noviembre de 1992, bajo el mandato de ONUSAL, la Comisión de la Verdad, y con la cadena de custodia judicial y la autoridad policial.
“Los abogados defensores están tratando de decir que los cuerpos fueron llevados allí (convento, Sitio 1, El Mozote) y que los niños murieron en combate o fuego cruzado, pero ellas mismas han descartado esa hipótesis.
Los niños fueron ejecutados deliberadamente por el Ejército, que los concentraron en el convento. Y como ellas presentan sus experticias que los cuerpos recibieron un proceso de descomposición en el interior del convento, lo que la convierte en una escena primaria, es decir, que el convento fue un recinto de ejecución”, argumentó.
Para Medrano, las declaraciones de los sobrevivientes como Oscar Romero, que siendo un joven de 23 años, fue obligado a guiar a un grupo de soldados por los cerros que circundan a El Mozote y pudo observar cómo habían concentrado en varios lugares a los hombres, mujeres y niños en los caseríos. Lo que confirma la muerte de 143 niños en el convento.
David Morales de Cristosal consideró que el establecimiento promedio de la edad de las víctimas (4-6 años), que fueron ejecutadas por arma de fuego de fusiles automáticos y rastros de explosivos, se robustecía también con las fotografías de los restos óseos, donde predominan en sus ropas pequeñas y sus juguetes.
“No es un cementerio clandestino, como trata de argumentar la defensa de los militares, todo ocurrió en un mismo suceso y fue una ejecución de niños y población civil. Los exámenes dan cuenta que las vainillas se trataban de M-16, municiones fabricadas con antelación a 1981 en los Estados Unidos, arma de asalto que fue introducida como arma regular del Ejército salvadoreño y fue el batallón Atlacatl, los primeros en recibirlos, es coherente y compatible, estos hallazgos forenses y fortalece toda la prueba testimonial y prueba documental que ha dejado en claro la participación del batallón Atlacatl”, aseveró.
En cuanto a los imputados, Morales señaló que existe suficiente evidencia que estos militares nombrados en aquella época como “oficiales de campo”, tenían tropas al mando con capacidad de diseñar tácticas. Así como, miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas quienes podían decidir el uso de los batallones élites, como el Atlacatl.
“Fue una ejecución masiva extrajudicial, que son pruebas altamente contundentes del Sitio 1 (convento), de El Mozote, son muy claras y es prueba judicial desde 1992, hay amplitud de pruebas que están contenidas en ese informe y creo que es relevante que el juez de la causa esté permitiendo una ratificación de toda esa información forense”, puntualizó.
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