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Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Tomado de Agenda Latinoamericna
En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, protocolos de actuación ante desastres, etc., como prominentes generadores de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio. La conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los bienes naturales, desde hace décadas, son parte de un pujante lenguaje jurídico, contrariamente a lo sucedido al discurso y leyes relacionadas al desarrollo sustentable, el cual ha quedado totalmente rebasado, incluyendo los derechos humanos avasallados por la imposición global de una política decidida para sí misma a la mercantilización de la naturaleza, sin importar sus consecuencias. Actualmente no hay duda que las secuelas y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante las últimas décadas, son a causa del capitalismo neoliberal. Los productos que consumimos en casa provienen de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, se asocian al uso indiscriminado de químicos, tóxicos, hormonas y bactericidas, entre otros, que en conjunto, no sólo tiene repercusiones nocivas al ambiente y a la salud, sino también suelen tener fuertes expresiones en la implementación del despojo y desplazamiento forzado de la población bajo la protección de políticas y procesos de “competencia comercial y un supuesto interés común”. El modelo es tan apabullante que no hay un sólo país quien no haya transitado por cambios constitucionales y reformas estructurales que desregularizaron leyes y reglamentos, muchas de los cuales abonaron a la degradación de los derechos colectivos, facilitaron el abandono de las funciones sociales del estado e incrementaron las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basados en el enfoque comercial. Desde los estados y gobiernos se promovió el abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales. Esta descampesinización ha repercutido en el debilitamiento de las resistencias contra el embate de las empresas que desean los bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo. Lo que a su vez ha generado la aglomeración o movilización poblacional hacia zonas urbanas para convertirlos en artífices centros de consumo -masivo y homogeneizados-, creando una alta dependencia en los servicios privados, los cuales cada vez con más frecuencia nos los imponen a través de conceptos que imputan como el frecuentemente utilizado; “es por tu seguridad”
Esta política hace décadas se elabora e instrumentaliza desde las instituciones financieras internacionales, encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por mencionar los más comunes. Éstas envían a sus órganos ejecutores, con el fin de paliar el proceso de despojo, marcos regulatorios amigables, sustentables o responsables socialmente. Sin embargo, siempre son de carácter voluntario para al final, funcionarles como administradores del despojo, al mismo tiempo que regulan o legalizan los conflictos. Lo mismo sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos, algunos audaces, otros deprimentes, en la mayoría de los casos “marcos mínimos”, pero como quiera que sea, con muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio que los lleve a la rendición de cuentas.
Una vez que la estructura financiera y administrativa dicta el rumbo, los gobiernos de cada país, ajustan sumisamente el marco normativo que legaliza y facilita el saqueo o en ocasiones, a causa de las rebeldías y resistencias que encuentra, los matiza y los torne adecuados y aparentemente sustentables sin mover en realidad el fondo vinculado al proyecto del consumo global. La desregulación significa invitar a la sociedad, por ejemplo, a través de consultas, a discutir si están dispuestos a cambiar la calidad de vida que se tiene (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales.
El modelo global pone como cebo la misma precariedad generada por el propio capital, y lo hace usando un fuerte despliegue mediático, publicitario y político, con reglas financieras y comerciales que atrapan a la población en lo cotidiano. En otras palabras; bajo el concepto de “participación social” se buscan fórmulas para legitimar el despojo. Por supuesto que en estos procesos, también aparecen grupos organizados de la sociedad civil, algunos académicos, instituciones y agrupaciones quienes, usando la bandera en defensa de los derechos humanos, impulsan acciones para defender a los pueblos y a la naturaleza, pero no se confrontan al sistema político capitalista, sino se centran en establecer procesos de ajuste, gradualidad y soluciones, siempre parciales e incompletas, utilizando como criterios, “la lucha por la paz o es mejor tener marcos regulatorios con mínimos a no tener nada”, etc. Poco pelean por leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas y más democráticas, y mucho menos por leyes que eviten el despojo del modelo extractivo.
En Latinoamérica, ha ocurrido una fase del neoliberalismo a partir de supuestas aperturas y coyunturas políticas para la participación social en marcos normativos, sean estas desde la regulación de consultas, hasta la participación social en leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista. Cientos de conflictos han tenido que ser trasladados fuera de las naciones para dirimirse en los tribunales internacionales, en donde, las comunidades sean instrumentalizadas o manipuladas, se dividen más y más, hasta quedar a la deriva y con esperanza de alcanzar la justicia quizás en los próximos 10 años siguientes-, pero totalmente a expensas de instancias que finalmente dirimirán su destino. Mientras ello sucede, el modelo global avanza sin misericordia; en el planeta continúa incrementándose la temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el uso de los agrotóxicos, el agua por un lado se agota y por otro se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitar en amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, así como la desigualdad crece y se producen más y más desplazamientos forzados. El modelo energético del mundo entero, principal motor del capitalismo, no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque es en sí mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio. Hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun es soñador. Es creer que el estado, el gobierno actual o el que siga, y los dueños de empresas depredadoras van a reconocer los daños y a atender a la población y el medio ambiente sin reducir o afectar sus ganancias.
El extractivismo y en especial la minería, son una amenaza para las comunidades porque atentan contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual también se evaporiza la autonomía alimentaria y, en consecuencia, destierra la existencia de factores subjetivos, emocionales y afectivos, que son un pilar en la afectividad, la comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aún es reducir, a la retórica de las consultas, lo que se considera “justo” para imponer y legitimar la destrucción de la vida de las comunidades. Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose y por supuesto no mejorará con nuevos marcos regulatorios. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos. Con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, aspirando a que esas vivencias les ayuden a reflexionar, con mayor seriedad, sobre la temática a quienes pugnan por “reglas justas” elaboradas en contextos asimétricos. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitiman el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo. Hacemos un llamado a legisladoras/es, organizaciones, academias y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos y comunidades en resistencia; pueblos que viven las atrocidades de la minería.
