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La Fiscalía General de la República realizó la semana pasada allanamientos en nueve inmuebles, propiedades del difunto Presidente de la República Francisco Flores Pérez, como parte del proceso de extinción de dominio.
La Fiscalía ha anunciado que expropiará las propiedades del ex presidente Flores, por sospechas de haber sido adquiridas de forma ilícita.
El ex presidente Flores murió hace un año, en su residencia, mientras guardaba prisión domiciliar, pues estaba siendo procesado por malversación de fondos, relacionada con una millonaria suma que el Gobierno de Taiwán había donado para los damnificados del terremoto de 2001.
Cuando compareció ante la Asamblea Legislativa, no solo aceptó haber recibido de Taiwán 10 ó 15 millones de dólares, sino otros aportes que, según los diputados que conformaron la comisión investigadora legislativa, sumarían unos 85 millones de dólares.
El hijo del ex presidente Flores, Marcos Flores, reveló en un vídeo difundido por las redes sociales, que los diez millones de dólares de Taiwán fueron a parar a las cuentas del partido ARENA. En los juzgados de lo penal, así también ha quedado establecido.
Nos llama la atención que la Fiscalía no haya iniciado un proceso para recuperar esos 10 ó 15 millones que fueron depositados ilegalmente en las cuentas de ARENA.
Nos llama la atención también que la Fiscalía haya iniciado el proceso de extinción de los inmuebles del ex presidente Flores, sin antes haberse cerciorado si los mismos fueron adquiridos antes, durante o posterior al quinquenio presidencial.
Y es que la ex primera dama de la República, la viuda Lourdes de Flores, manifestó, frente al portón de la hacienda Maracaibo, en la jurisdicción de Zapotitán, Ciudad Arce, La Libertad, que la misma había sido una herencia de la madre del ex presidente Flores, y que tenía las escrituras para comprobarlo.
La ex primera dama dijo también que las otras propiedades habían sido adquiridas antes de que su cónyuge fuera Presidente de la República.
De ser cierto lo que la ex primera dama expresara, dejaría con ciertas dudas el proceder de la Fiscalía General de la República, pues, sin tener el más mínimo conocimiento de las leyes, cualquiera podría pensar que para iniciar el proceso de expropiación de un inmueble debe investigarse primero, en el registro de propiedad, desde cuándo y cómo una persona natural o jurídica adquirió un inmueble o una propiedad.
Llama también poderosamente la atención la afirmación de la señora Lourdes de Flores que el proceso de la Fiscalía es “acoso político”. “Ni siquiera su muerte ha sido suficiente para calmar la sed de venganza inexplicable en contra de mi familia”, agregó.
Hubiese sido bueno que la ex primera dama señalara quien o quienes están utilizando a la Fiscalía General de la República para esa “persecución política” que denuncia, pues, esta no depende del Órgano Ejecutivo ni de ningún otro Órgano del Estado, dado que es parte del Ministerio Público, y por tanto, es independiente.
