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Luis Arnoldo Colato Hernández
Se denomina así a la represión dirigida por el estado contra la población civil, con el ánimo de limitarle participar del quehacer político.
Es de carácter represivo porque violenta derechos fundamentales de la población, como lo son el de reunión, libre pensamiento, libre expresión, de circulación, de acceso a la información, etcétera.
El interés último es el de alinear a la población con el pensamiento único del régimen, en consecuencia, con el temor derivado del actuar estatal.
Entonces, las medidas implementadas con tal ánimo, ¡son ilegales!, pues violentan el marco legal, y en general, el derecho constitucional e institucional.
En el concreto caso de nuestro país, podemos apreciar que todas esas condicionantes se cumplen, y que el clima en el que ha degenerado el estado de excepción que se nos ha impuesto ilegalmente, ha conformado el marco represivo bajo el cual se han denegado los derechos más fundamentales de la población, al grado que Méjico, EEUU y algunos estados de la UE ya reportan un significativo número de petitorios de asilo político por parte de ciudadanos salvadoreños, que alegan “…que se sienten perseguidos por el régimen…”, al tiempo que la delegada de las NNUU en DDHH, doña Michell Bachelet, realizará diferentes llamados al estado salvadoreño para que ejerza un control efectivo de sus agentes, por las continuas denuncias de vejaciones realizados por estos.
Así el papel de represores a retornado a la palestra salvadoreña por las acciones de las patrullas militares y policiales que incluso cometieron asesinatos, estupro, violación, robo, etcétera, sin que las autoridades lo controlen, pues son estas las responsables últimas de estas vejaciones.
Recordamos por ejemplo a aquel funcionario que afirmó que estas patrullas son los “…jueces de la calle…”, invocando para ellas una autoridad que no detentan, pero que ejercen arbitraria y descarnadamente contra la población, motivados por sus prejuicios, cometiendo así los desmanes señalados arriba.
El caso del Dr. Zamora es uno de carácter paradigmático, pues con él el régimen pretende además de aparentar dar persecución a los responsables de aquella infame e ilegal amnistía decretada por Cristiani y sus cómplices a quienes no ha perseguido, silenciar una voz autorizada y crítica.
El juicio político y paralelo que se adelanta en su contra de parte de la prensa y los medios afines al régimen, son otra expresión del esquema represivo, que también se ha aplicado a otras figuras como lo son el Cardenal Rosa Chávez, los dirigentes comunales de Chalatenango, el señor Roque Mártir, Ramírez Landaverde, y otros, para quienes existe un linchamiento mediático dirigido a desacreditarlos, así como acusaciones que no se han sustentado jurídicamente, a pesar de lo cual, no se les ha dejado de perseguir.
El propósito detrás de ello es que el resto de la población se atemorice, plegándose a los intereses gubernativos a pesar de lo ilegítimo e ilegal que son.
Entonces, comprendamos que esta lógica perversa está diseñada para darle soporte al régimen, por lo que se la continuará aplicando, aplicándosele a otros inocentes que también sufrirán.
