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Por Leonel Herrera*
El reciente intento de capturar a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), es una clara señal de la política de persecución del gobierno de Nayib Bukele contra los sindicatos y organizaciones sociales que denuncian arbitrariedades y abusos cometidos por funcionarios públicos.
Según denunció públicamente el Socorro Jurídico Humanitario, un grupo de policías llegó hasta el local de la Central Sindical Independiente y con engaños intentó llevar a Reyes hacia una sede de la Policía Nacional Civil (PNC) para detenerlo bajo el régimen de excepción.
Esto sucedió luego que el dirigente sindical señaló la existencia de una red de corrupción en la delegación policial del centro de San Salvador. Reyes ha venido denunciando irregularidades al interior de la Policía y violaciones de derechos humanos cometidas por algunos de sus miembros durante la suspensión permanente de garantías constitucionales mal llamada régimen de excepción.
Por tanto, es lógico determinar que las acciones de persecución contra él son represalias y buscan intimidarlo para silenciar sus críticas sobre los abusos policiales y otras arbitrariedades gubernamentales sucedidas en el marco de la grave regresión democrática que sufre el país.
Otra muestra de la ofensiva antisindical del gobierno de Bukele es el despido de trabajadores organizados, sobre todo directivos sindicales. El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denuncia que 42 directivos sindicales han sido despedidos en cinco instituciones y otros 38 están suspendidos de sus cargos en otras dos (MOP y MINSAL).
El MTD también reporta que, en la Asamblea Legislativa y en la PGR, el oficialismo ha despedido a 14 directivos sindicales; y que en la Alcaldía de Soyapango, controlada por el partido Nuevas Ideas, 22 dirigentes de dos sindicatos fueron despedidos. Y el dato más grave:16 sindicalistas han sido encarcelados bajo el régimen de excepción, uno de ellos murió en prisión.
A lo anterior se suma la desaparición automática de los sindicatos que existían en instituciones que han sido eliminadas. Según el MTD, en 5 de las 18 instancias cerradas por este gobierno había sindicatos activos. A éstos habrá que agregar los del INJUVE y del INSAFORP, las últimas dos instituciones que están siendo desmanteladas.
Esto confirma que hay una política nefasta de destrucción de sindicatos, destitución de sus directivos, despido de sus miembros y persecución contra otros dirigentes laborales y sociales como Marvin Reyes.
Y esta situación podría ser peor si el presidente se reelige inconstitucionalmente. Para evitar críticas y protestas contra su régimen dictatorial, Bukele y sus secuaces podrían arremeter más fuerte contra los sindicatos y las organizaciones sociales, tal como hizo la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua.
Sin embargo, esto se podría evitar con una articulación de todo el movimiento social, que logre contener los zarpazos dictatoriales que podrían venir después de las elecciones de 2024. Si esto no se hace, sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales sociales podrían ser encarcelados, sus organizaciones cerradas y proscrito cualquier activismo ciudadano.
Aún estamos a tiempo de evitar esta barbarie.
*Periodista y activista social.
