Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega cumplirán el próximo 11 de agosto, un año y 7 meses en detención, bajo cargos que no ha podido comprobar la Fiscalía General de la República (FGR). Miembros de ADE-Santa Marta aseguran que se trata de un “proceso manipulado” en contra de la sociedad civil organizada.
A lo anterior se suma la presencia de extranjeros en los territorios de Cabañas. “La verdad es que ya hace rato los indicios están allí, la gente nos ha comunicado que han llegado personas que dicen ser peruanos”, compartió Vidalina Morales, directiva de ADES, al comentar que están empleando las mismas tácticas de Pacific Rim, para “comprar voluntades” de la población de la zona.
“Esto nos recuerda el pasado y justamente porque hemos estado en esta lucha, eso hacía Pacific Rim en aquél momento, era el 2004, y precisamente esto llevó a la Pacific Rim a demandar al Estado salvadoreño en 2009. Argumentaban que habían gastado mucho en las comunidades y se está repitiendo actualmente”, afirmó. Morales
“Para nadie es un secreto la pobreza en que viven las comunidades, y claro hay un descuido por parte del Estado salvadoreño, de garantizar varios derechos como el agua, salud, educación. Y, entonces, la gente acepta cualquier regalía que se les dé, esa es la realidad”, indicó Morales.
De igual forma, reiteró que estas empresas mineras transnacionales intentan con este tipo de estrategias convencer a la población que busca solamente el desarrollo de sus proyectos y manipulan a la población, al ofrecer “cosas insignificantes”, que no van a resolver los problemas económicos y sociales de los pobladores y que son obligación del Estado.
“En el pasado la Pacific Rim se dedicó a mejorar calles, y es preocupante que ahora, de nuevo, otros personajes están ofreciendo las mismas cosas, porque puede llevarse en un futuro cercano a otra posible demanda contra el Estado salvadoreño, ya vivimos la experiencia, entonces, hay una situación de preocupación en las comunidades”, manifestó.
“Y retomo- si aquella vez la Pacific Rim/Oceana Gold- venía con todos los poderes y está (empresa) también lo ha mencionado que tienen el poder, pues encontrarán la resistencia de este pueblo, que no se quedará quieto, nos vamos a movilizar”, advirtió Morales.
Revertir prohibición de minería generará inestabilidad social
Pedro Cabezas, integrante de ACAFREMIN, fue enfático al señalar que la “consecuencia más peligrosa” al revertir la prohibición de la minería en el país, será la generación de conflictos sociales, al referir los antecedentes de esta industria extractiva.
“De por sí, todas estas industrias generan conflictos por la acumulación de la tierra, el desplazamientos de poblaciones, la generación de contaminación con metales pesados y la destrucción de fuentes de agua y de los ecosistemas que termina afectando el medio ambiente”, explicó.
“Y esto también va a generar resistencia de la población que está siendo afectada. Ya lo vimos en Cabañas, con la resistencia minera que se dió en la década pasada, y no olvidemos que en esos conflictos pasados hubo muertes de ambientalistas, aunque al final vencimos y logramos tener la prohibición minera”, reiteró Cabezas.
Cabezas añadió que sería incalculable el impacto que tendría el afincamiento de una industria de minería industrializada con la contaminación y el desplazamiento poblacional de las zonas mineras en un país de poca extensión territorial.
“Se imaginan lo que pueda darse en la zona Norte con la introducción de proyectos mineros -ya por sí-, hay 29 proyectos que ya han sido identificados en toda la frontera entre El Salvador y Honduras y eso toma como un 6% del territorio nacional en sólo intervención directa”, dijo.
“Y no estamos hablando de la contaminación indirecta ¿Qué pasa si la gente la están sacando de la costa y de las montañas?, pues incrementa la migración, los conflictos y esto es lo que denunciamos. No queremos este modelo de crecimiento y desarrollo que está planteando el gobierno. No queremos un desarrollo que no beneficia a la población, si no a unas pocas empresas, corporaciones o multinacionales”, sostuvo Cabezas.
Se debe investigar incursión de empresas mineras
Luis González, ambientalista de la UNES e integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, recordó que existe un marco jurídico que prohíbe la minería metálica en el país. Por lo que hizo un llamado al gobierno a investigar esta infracción a la ley que cuenta con 7 años de vigencia.
“En primer lugar, debemos exigir a las autoridades y específicamente al Ministerio de Economía (MINEC) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a cumplir la ley de prohibición de la minería. Y luego, realizar la investigación de estas empresas que están funcionando, y los personeros que están detrás de estas empresas y, por último, a sancionarlos porque es una actividad prohibida en el país”, argumentó.
“La lógica de las empresas mineras responde a que existe una voluntad del gobierno de permitir su funcionamiento, a partir de que hay una crisis económica y que hay necesidad de generar inversión- mal llamada inversión-, porque esto vulnera a las comunidades pobres del territorio nacional y acaba con los ecosistemas”, reafirmó González.