Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de proteger la vida e integridad física y frenar los atentados en contra de quienes se desempeñan en seguridad pública y sus familias, la Asamblea Legislativa emitió recientemente disposiciones especiales que establecen medidas penales, penitenciarias, institucionales, administrativas y asistenciales.
Las medidas que aplicarán para miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada, Dirección General de Centros Penales, Fiscalía General de la República (FGR) y Órgano Judicial, también abarcarán a sus cónyuges y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Misael Mejía, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, explicó que “quienes cometan delitos contra la vida, integridad personal, libertad individual y autonomía personal de los elementos de las instituciones señaladas y de sus familiares, serán excluidos de beneficios penales y penitenciarios como suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional, entre otros”.
El parlamentario también manifestó que los privados de libertad condenados por este tipo de crímenes tendrán restricciones de libertad de desplazamiento y visitas, mientras estén privados de libertad.
Entre las medidas aprobadas por los diputados, se estableció que las instituciones involucradas en la prestación de seguridad ciudadana deben crear programas de protección para sus empleados. “Las disposiciones de protección para los agentes de la seguridad pública también contienen la obligación de crear protocolos de seguridad para sus miembros y una serie de medidas como las que emplea la Policía Nacional Civil, estas también deben revisarse y mejorarse. El Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República deben apoyarse en la PNC para evitar algunos riesgos para sus miembros”, dijo Mejía.
Las medidas de protección, además, contemplan una serie de programas asistenciales para miembros de la PNC y la Fuerza Armada que sean asesinados en el cumplimento de su deber, ya sea durante su jornada o fuera de ella. “Las medidas asistenciales, que cabe mencionar que el Gobierno ya cuenta con programas de apoyo como becas para los hijos de los agentes, posibilidades de empleo para sus cónyuges, además de atención psicológica, vivienda digna a través de las instituciones del Estado, así como otras establecidas por las instituciones y sus normativas”, indicó el parlamentario.
En cuanto al financiamiento para ejecutar estas medidas, el decreto aprobado por el pleno legislativo explica que el Ejecutivo deberá destinar recursos de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y del Presupuesto General de la Nación para llevar a cabo estos beneficios a favor de los agentes de seguridad y sus familias. Asimismo, se podrá contar con el financiamiento o apoyo de asociaciones y fundaciones de beneficencia, de la cooperación internacional y la creación de un fideicomiso.
Las unidades responsables de otorgar estos beneficios informarán cada noventa días a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de las acciones que se realicen en torno a los programas en desarrollo, montos invertidos, los bienes y prestaciones de servicios, detalles de las inversiones efectuadas por rubro de gasto y los mecanismos de control y supervisión de la inversión.