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JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO
La rendición de cuentas es un proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar de los servidores públicos, por medio de la transparencia y la fiscalización, para evitar el abuso de poder y la corrupción. Antecedentes de la rendición de cuentas los hallamos bajo el reinado de Guillermo I de Inglaterra, quien solicitó a los propietarios de su reino, que le rindieran cuenta de sus posesiones para valuarlas y gravarlas con impuestos.
Actualmente la rendición de cuentas es un elemento inherente a la democracia representativa. De esta manera se obliga al poder a abrirse a la inspección pública y explicar sus actos, supeditado a amenaza de sanciones.
La información, la justificación y el castigo, previenen y corrigen los abusos de poder. La información es un elemento vital para la rendición de cuentas. El derecho a recibir información obliga divulgar datos. De la misma forma, justificar actos engloba el derecho a recibir una explicación y el deber de justificar el ejercicio del poder. Las sanciones principales son la exposición pública, la remoción del cargo, las multas y el arresto. Las sanciones son esenciales, porque sin ellas se es incapaz de acabar con los abusos de autoridad.
La rendición de cuentas se clasifica en vertical, cuando es un mecanismo directo entre ciudadanos y órganos de gobierno. Rendición de cuentas horizontal, cuando se da entre cuerpos especializados del Estado. Rendición diagonal, cuando hay participación del ciudadano en mecanismos horizontales. Y rendición de cuentas transversal, cuando hay una combinación de esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil.
La intervención ciudadana a través de iniciativas cívicas, denuncias masivas o movilizaciones sociales, pueden empujar la rendición de cuentas a la autoridad. La fiscalización es una forma para evaluar y revisar las acciones del gobierno mediante organismos especializados como fiscalías, contralorías y auditorías técnicas.
Por otra parte, la transparencia política es la apertura del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión. En un Estado Democrático, los poderes públicos deben dar cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, tanto del origen como el destino de los recursos públicos. El objetivo de la transparencia política es, establecer y mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos.
GOBIERNO NO QUIERE SER FISCALIZADO
Sandra de Barraza -columnista de La Prensa Gráfica- asevera que el marco legal de nuestro país obliga a la rendición de cuentas. Pero el Gobierno de Bukele se resiste a cumplir con el marco legal que rige la administración pública, creando un conflicto institucional.
La periodista de La Prensa Gráfica, Melissa Pacheco informa que la Asamblea Legislativa le exige al Gobierno que le presente informes con más detalles. El Gobierno de El Salvador señala, que a la Asamblea Legislativa no le compete auditar el uso de fondos. Mantiene que solo a la Corte de Cuentas de la República le rendirá cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Pero la Corte de Cuentas de la República señala problemas, para recolectar la información del Gobierno, sobre el uso de los recursos del Estado, específicamente, los que se han empleado durante la emergencia del coronavirus.
La periodista de la Revista Factum, Jessica Ávalos expone que durante el primer año de gobierno del presidente Bukele, se ha dado un retroceso en la entrega de información pública. Vía tecnicismos y por clasificación de reserva, se ha ocultado información a los ciudadanos. El gobierno de Bukele se presenta -en su primer año- con menos transparencia y más obstáculos para la obtención de información pública. Afirma que nos encontramos con un gobierno que no quiere ser fiscalizado. La opacidad, la falta de interés en rendir cuentas y la divulgación de contenidos desinformantes lo caracterizan.
En este primer año la administración de Bukele no solo obstaculiza la información, sino, ataca a los ciudadanos que se atreven a investigar y a cuestionar, afirma el periodista del Diario de Hoy, William A. Hernández. Desde el inicio de su gestión, la administración Bukele no actualizó la información pública que debería estar en los portales de información. Además, ordenó colocar etiqueta de reserva en muchas áreas de Casa Presidencial, Secretarías y Ministerios. Asimismo, destituyó a trece oficiales de información de diferentes carteras de Estado.
Alicia Miranda -periodista y comunicadora salvadoreña- presume que muchos salvadoreños creyeron que la cultura de la opacidad, que dominaba la gestión pública, había sido desmontada con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Señala que la política del Gobierno de Bukele es un claro retroceso al derecho a la información y a la transparencia. Miranda declara que varios funcionarios no acatan las resoluciones del Instituto y simultáneamente, el gobierno quiere mantener el control del Instituto por medio de la elección de comisionados y a través de reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP).
TRIADA OSCURA Y DESVINCULACIÓN MORAL
El politólogo español Andrés Caballero Quintana explica que la Triada Oscura de la Personalidad y la Desvinculación Moral, son aspectos negativos que llevan a considerar contraproducente el Gobierno Abierto. El concepto de Gobierno Abierto no es nuevo. Desde el siglo diecisiete, Suecia tiene una ley de libertad de acceso a la información. Desde los años setenta del siglo pasado, el Gobierno Abierto, caracterizado por la transparencia y la rendición de cuentas, es un término utilizado en el Reino Unido. La popularidad del concepto se dio por la aprobación de la iniciativa “Memorando sobre transparencia y gobierno abierto”, suscrito por Barak Obama. Los principios del gobierno abierto son la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. El Gobierno Abierto es una nueva forma gerencial en expansión, vinculada al uso de Internet y a las tecnologías de la comunicación. Pero la instauración de esta forma de gobierno, su alcance y nivel de desarrollo, depende de la percepción que cada político pueda tener de él.
Caballero Quintana está convencido que la Triada Oscura de la Personalidad y la Desvinculación Moral, son variables mediadoras que llevan a considerar contraproducente el Gobierno Abierto. La Triada Oscura de la Personalidad describe tres rasgos socialmente aversivos como son la psicopatía (insensibilidad, manipulación y explotación de los demás sin remordimientos), el maquiavelismo (manipulación, falta de sinceridad e insensibilidad) y el narcisismo (dominación, exhibicionismo, explotación y sentimientos de superioridad). Estos elementos favorecen la explotación, la manipulación y un grandioso sentido de auto importancia. La desvinculación moral es la capacidad de un individuo para desactivar su auto regulación moral, para adoptar un comportamiento reñido con la normas éticas sin auto sancionarse y sin culparse. Esto mediante la justificación moral, transformar lo injusto acorde a las normas en justo y verdadero conforme a un criterio y, el desplazamiento de la responsabilidad, mecanismo que trata de distribuir toda o gran parte de la responsabilidad de los propios actos a otras personas o situaciones.
Individuos con triada oscura de la personalidad y tendencia al desenganche moral, presentan deseos de dominancia social y tienen menos conductas pro sociales. Por tanto, si son políticos, percibirán al Gobierno Abierto como una forma de perder autoridad y poder. Lo percibirán como obstáculo para poder llevar a cabo sus fines. Ya que con el Gobierno Abierto tendrían menos control en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos públicos.
Caballero Quintana especula que hay personas que acceden a la política porque desean favorecer a su comunidad y al interés general. Otras ven la política como un medio para lograr sus intereses personales. El autor utilizó la Teoría del Comportamiento Planeado, esgrimida para explicar la relación entre motivación y una gran variedad de acciones y las Redes Neuronales, sistemas de procesamiento de información inspirados en redes neuronales biológicas, aplicadas a tareas de optimización, clasificación y predicción, para medir la intencionalidad política en cuatrocientos treinta y cinco estudiantes de último año en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Evaluar características personales, en quienes quieren desempeñar puestos políticos, es relevante. La intención de ser político es un predictor de un comportamiento transparente u opaco. Por eso los rasgos de personalidad, como predictores de actitudes políticas, es motivo de creciente interés en organizaciones políticas, en la administración institucional, en las empresas concesionarias de servicios públicos y en la academia.
