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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, expresó su preocupación por el “Estado de Excepción” aprobado el pasado domingo 27 de marzo a petición del presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, luego de una ola de asesinatos en el territorio nacional que sobrepasó las 80 personas y que estremeció las cifras oficiales del Plan Control Territorial.
“Manifestamos nuestro rechazo a esta situación y nos solidarizamos con las familias víctimas y comunidades y con toda la población que sufre esta criminalidad. Reafirmando su derecho a vivir en paz y libres de violencia”, señaló CEJIL.
Las organizaciones que han expresado su preocupación son Acción Ecológica, Acceso a la Justicia, Oficina para México y Centroamérica, Asociación Caminos de la Memoria, Asociación Paz y Esperanza, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Asociación Nacional de Centros, Borde Jurídico A.C., Caleidoscopio Humano, Center for Gender & Refuges Studies, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ.
Además, el Centro de Estudios de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Centro para los Derechos Civiles y Políticos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civilis Derechos Humanos, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Colectivo Hasta Encontrarte Guanajuato, Colectivo Hora Cero, Colectivo Seguridad sin Guerra, entre otras.
El régimen de excepción (decreto 333), aprobado por el partido oficial Nuevas Ideas y aliados, será efectivo por 30 días, que autoriza la suspensión de garantías constitucionales como el derecho de asociación y reunión; la intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial y lo que consideró CEJIL, el más preocupante los “derechos procesales básicos”como: la información sobre la causa de detención, no ser obligado a declarar contra si mismo y el contar con una defensa técnica jurídica.
“En el contexto actual que se vive en el país, caracterizado por el abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos, esta medida supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales”, argumentaron.
Asimismo, aclaran que la Constitución de El Salvador, permite los “Estados de Excepción” en casos de guerra, catástrofe o graves perturbaciones del orden público, y que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado con anterioridad que un “alza en la criminalidad”, aunque puede ser una “emergencia”, no encaja en los supuestos para la decisión de decretar esa medida en la actual coyuntura.
“En estos casos, el deber del Estado es hacer un uso eficiente de las leyes existentes y las instituciones establecidas para contener el aumento de homicidios y crear políticas públicas integrales de prevención de la violencia”, agregan.
“El gobierno no ha cumplido con su deber de proteger la vida y la integridad física de las personas, pese al sostenido incremento del presupuesto invertido en seguridad pública”, acotó.
Al señalar que pese a la necesidad urgente de un “debate público”sobre la actual situación de seguridad ciudadana, la actual administración haya preferido emprender una “campaña mediática en contra de las organizaciones de la sociedad civil”, que ha trascendido a hostigamientos directos desde las redes del propio presidente Nayib Bukele.
“Este tipo de acciones reducen los espacios de diálogo y obstaculizan el trabajo de las personas defensoras por el desarrollo y bienestar de la sociedad”, reiteraron.
El CEJIL, así como otras organizaciones internacionales, históricamente han venido trabajando sobre El Salvador, acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y también han colaborado de manera constante con propuestas para mejorar los contenidos de políticas públicas en favor de los y las salvadoreñas.
“Instamos a la Comunidad Internacional a continuar alertas y vigilantes ante la situación que se vive en El Salvador, especialmente frente a las medidas que se han tomado al amparo de esta declaración de excepción y que confirma los peligros que hemos denunciando en diversas oportunidades: detenciones masivas a jóvenes en situación de vulnerabilidad que no están sujetas a control judicial”, afirmaron.
Unido a los “registros indiscriminados a población en situación de pobreza y aislamiento e incomunicación indefinida de personas privadas de libertad, así como restricciones indebidas a sus derechos a la alimentación y salud”, subrayaron.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hizo un llamado al Gobierno de El Salvador a que cumpla con sus “compromisos internacionales en materia de derechos humanos” y cesar los ataques contra la sociedad civil nacional e internacional que trabaja en favor de la protección de derechos fundamentales.
