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José Melara
Yanuario Gómez
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Organizaciónes pertenecientes a la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para demandar la aprobación de la Ley de Inclusión a favor su sector. Dicha ley fue presentada para estudio hace un año y medio.
Las organizaciones consideran que la principal deuda del Estado en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entrada en vigor en 2008, es la armonización de su normativa nacional a ese instrumento jurídico internacional y contar con una nueva legislación que se ajuste plenamente a la Convención.
“La ley de inclusión no ha sido aprobada por falta de voluntad de los diputados de la comisión. Hasta hoy, solo el FMLN ha mostrado interés por aprobarla. Nos hemos reunido con ellos para trabajar algunos temas de la normativa y están dispuestos a que esto se apruebe a la brevedad posible. Los demás diputados quieren pagar una consultoría sobre el tema, lo que nos parece una muestra de desinterés de su parte hacia nuestro sector”, dijo Jesús Martínez, miembro de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad.
Según Martínez, la comisión destinará un presupuesto de $26 mil para la ejecución de la consultoría y, además, ya tiene una terna de profesionales para que efectúen esta revisión del tema.
“De esta terna hay dos personas que no nos inspiran confianza, ya que una de ellas no la conocemos. Otra sí, sabemos quién es pero ha mostrado una actitud en contra de las propuestas que hemos diseñado. La tercera persona sí la conocemos y es alguien con mucho conocimiento sobre los problemas que padece nuestra comunidad, la limitante principal que él tiene es que no es salvadoreño y una de las condiciones que el contrato establece es que quien brinde este servicio debe ser un nacional”, indicó Martínez.
Organizaciones como Fundación Los Angelitos, Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, y asociaciones de personas con discapacidad de distintos municipios manifestaron no estar dispuestas a esperar cinco o diez años por la discusión y la aprobación de esta ley, así como tampoco aceptarán excusas como la de “no hay fondos” o “téngannos paciencia”, como ya las han recibido. De ahí que exigen que la Comisión retome el estudio del proyecto de Ley a través de sus equipos de asesores y de asesoras, así como también demandan que la misma sea con la participación efectiva de las organizaciones que conforman la Mesa Permanente de la PDDH, y que la falta de fondos para una consultoría no sea justificación para abandonar la responsabilidad de legislar conforme a los Derechos Humanos del colectivo de personas con discapacidad.
